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Ministerio Público, Contra las víctimas por la injusticia

Esta investigación jurídica e institucional fue inicialmente elaborada por dos consultores a mediados del año 2020, quienes por motivos de seguridad han decidido omitir sus nombres. Este informe fue retomado por el equipo de Hora Cero en un momento crítico en el que el Ministerio Público se ha convertido en una de las principales instituciones represivas a manos de las redes criminales que tienen secuestrado el país.


Para la investigación se realizó una investigación documental y análisis de las normas jurídicas donde hay atribuciones al Ministerio Público, también se realizaron entrevistas semiestructuradas a personas que trabajan en el Ministerio Público y otras fuentes en el servicio de la abogacía, cuya identidad ha sido omitida por razones de seguridad.


La persecución judicial de precandidatos/as presidenciales, medios de comunicación independientes, tanques de pensamiento y sociedad civil se ampara en leyes ilegítimas que pretenden eliminar cualquier nivel de disidencia y libertad de expresión que suponga un posible peligro para la permanencia de la dictadura en el poder.


Publicamos esta investigación en un contexto en el que una de nuestras herramientas como oposición es combatir la propaganda y el control que la dictadura tiene sobre la información y los medios de comunicación oficiales. Este es un esfuerzo por nombrar e identificar a quienes han sido corresponsables de la violacion sistemática de derechos humanos en el país para que en el momento en el que exista la oportunidad, empiece un proceso penal en su contra.





Conclusiones y puntos determinantes de esta investigación:


El nombramiento de Ana Julia Guido como Fiscal General del Ministerio Público - fruto de la continuación del pacto Ortega-Alemán - es nulo debido a que no cumplía con los requisitos legales para optar al cargo. Los postulantes a fiscal general y fiscal general adjunto deben cumplir con los mismos requisitos para optar al cargo de magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Guido fue electa en 2007 como fiscal general adjunta, poco menos de un año después de pasar a retiro de la Policía Nacional, donde figuraba como subdirectora general, jefa de la dirección de asuntos internos y jefa de la dirección de seguridad pública.


El Reglamento de Ética de la Policía Nacional, en el Capítulo VII, numeral 5, prohíbe el ejercicio de la abogacía y el notariado a los policías activos razón por la cual, Ana Julia Guido no cumplía los requisitos de al menos haber estado 10 años libre del ejercicio de la profesión para ser electa, dado que recién se había retirado de la Policía Nacional. Asimismo, nunca ejerció la profesión de abogado durante los 10 años mínimos que requiere la Constitución.


La cooptación del Ministerio Público se ha terminado de consolidar debido a la obediencia partidaria y a la subordinación política a Daniel Ortega. Ana Julia Guido Ochoa, actual fiscal general, cuya elección ha violado la Ley de Carrera Fiscal, ha colocado a figuras cercanas y familiares en cargos estratégicos dentro del MP; muchos de ellos sin competencias jurídicas para desempeñar sus cargos, consolidando así el control del partido oficial a lo interno de esta institución.


Dentro de los hallazgos de este estudio se muestra la conexión entre el MP con los procesos de criminalización de las protestas derivadas de abril del 2018. Esta institución, en su función acusadora, ha sido impulsora de la vulneración de delitos de Delincuencia Organizada, fue quien ideó los tipos penales que se imputarían en los procesos políticos, junto con la fiscal general y el Grupo de Apoyo que coordinaban las mesas de acusaciones. Igualmente, Odett Emilia Leytón Delgado, jefa de la Unidad Especializada contra la Violencia de Género, participó en el Grupo de Apoyo que coordinó las mesas de acusaciones. Sin embargo, también hubo deserciones, como fue el caso de Yahosca Janitzia Eugarrios Calderón, jefa de la Unidad Especializada en Atención Integral a la Víctima. Fuentes internas expresaron que ella renunció en los primeros meses de la insurrección cívica de abril del 2018, porque se rehusaba a acatar las orientaciones que criminalizan la protesta social.


Casos emblemáticos: Desde el año 2013, con Ana Julia Guido como fiscal general adjunta, se han llevado a cabo una serie de acontecimientos y hechos que han dejado entredicha la objetividad del Ministerio Público y su observancia al principio de legalidad y de representación a las víctimas. Existen casos emblemáticos que evidencian la cooptación de la institución de forma reconfigurada subsumida a los intereses del régimen Ortega-Murillo: Caso UNAM y #OCUPAINSS (2013), Masacre del 19 de julio de 2014, Caso “Las Jagüitas” (2015). (Ver página 20)


El Ministerio Público no debe estar subordinado a ninguna institución o Poder del Estado. Su independencia estuvo afectada desde su nacimiento producto del pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Asimismo, la Fiscal General Ana Julia Guido Ochoa se materializó la cooptación del Ministerio Público, debido a la obediencia partidaria y a la subordinación política a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, Ana Julia Guido no contaba con los requisitos necesarios para ser electa como Fiscal General por lo cual su nombramiento es altamente cuestionable y nulo, asimismo, desde 2018 ejerce funciones de facto amparado en una reforma ilegítima a la constitución política.


Tras la insurrección cívica popular de abril de 2018 en Nicaragua, el Ministerio Público ha sido un instrumento del régimen político para ejercer de forma desmedida el poder punitivo estatal en perjuicio de nicaragüenses que ejercieron legítimamente sus derechos fundamentales. Así pues, no solamente no acusó a quienes estuvieron involucrados en las muertes de manifestantes pacíficos, sino que por el contrario llevó a los tribunales a quienes sólo ejercían su derecho a la protesta social. En estos casos políticos surgidos a partir de abril de 2018, la coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial, ha sido eficaz, sobre todo para cubrir las arbitrariedades e irregularidades cometidas por la Policía Nacional durante la fase de investigación en clara transgresión al principio de objetividad al que debe ajustarse.


Puedes leer el informe aquí 👇🏼


Radiografia institucional MP
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