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La corrupción como legado histórico de la colonización española


Desde su independencia, Centroamérica ha estado enmarcada en contextos de autoritarismos, guerras, corrupción e impunidad. La independencia como acto no significó en términos prácticos un cambio de régimen, si no la consolidación de la misma estructura pero con otras tonalidades. En palabras del historiador Víctor Hugo Acuña: “...en 1821 ni hubo derrocamientos de viejas autoridades ni desplazamientos en el interior de los grupos dominantes. En ese sentido, el Antiguo Régimen permaneció en pie”. (Acuña en Tangermann, 1995: 68) 


Con esa premisa como punto de partida, este artículo pretende abordar brevemente la relación directa que existe entre las prácticas de “mal gobierno” que se ejercían desde la colonia y cómo se manifiestan en la actualidad. La colonia pudo haberse acabado, pero sus prácticas y sus reglas de la política siguen vigentes casi 200 años después y no solo se repiten en regímenes como el de Daniel Ortega, sino que se han sofisticado. Se hace referencia entonces a la corrupción ha sido una constante histórica, para este ensayo se suscribe la noción de corrupción propuesta por la politóloga mexicana Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien la define como “una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos de la ciudadanía” (Ballesteros 2016:123) 


La colonia y la corrupción


Diferentes autores han estudiado la vigencia de la herencia colonial en las sociedades latinoamericanas. 


Luis Eduardo Fajardo escribió un ensayo muy sugerente acerca de la diferencia entre los países que comparten el sistema jurídico anglosajón “common law” y los que comparten el sistema jurídico español y sostiene que, en la actualidad aquellos países que comparten el “common law” muestran menos niveles de corrupción que aquellos países que fueron colonizados por España o Francia.


Según Fajardo, “las excolonias españolas tienen hoy en día un sistema legal corrupto, ineficiente comparado con el de sus contraparte anglosajona.” y es que el sistema colonial estaba constituido para beneficiar a unos cuantos privilegiados. En este sentido, algo muy recurrente en la literatura histórica sobre el periodo colonial es la compra de puestos públicos como acto de corrupción institucionalizada. Según Fajardo “se tiene registros de niños de 9 años que fueron nombrados por este mecanismo como magistrados de los más altos tribunales coloniales”. (Fajardo, 2006:24-27)


Para el historiador catalán Jaume Vicens Vives la prevalencia de la corrupción en la América colonial, es resultado de la resistencia de las élites locales a cualquier reforma que les quitase poder, “sino también por parte del aparato estatal que necesitaba recurrir a mecanismos propios de la compra-venta de favor y lealtad para afianzar su influencia”. (Vives en Castillo, Feros, y Leiva 2017: 285)


El historiador Héctor Pérez-Brignoli también menciona que durante esa época era común la compra de puestos en su libro Breve historia de Centroamérica, el autor  cuenta que los intereses locales tenían una sólida representación en el Cabildo del “Reyno de Guatemala”, algunas de estas representaciones eran resultado de la compra del cargo, misma práctica que fue introducida en 1591. (Pérez Brignoli, 2000:58-59)


Quizás el ejemplo más ilustrativo sobre la corrupción colonial lo aporta Fajardo en la siguiente cita:


Los comerciantes más acaudalados le compraron al rey el derecho a formar un tribunal cuyos miembros eran escogidos entre ellos mismos. (…) El tribunal comercial más importante de la Colonia se convirtió así en una fraternidad cerrada al resto de la sociedad neogranadina y en un mecanismo mediante el cual los poderosos, con sanción oficial, capturaron para defender intereses privados una institución que normalmente debería tener un carácter público. Desempeñar un cargo en el Consulado se convirtió en algo así como un asunto de familia, en el cual los lazos de sangre y matrimonio reforzaban identidad de los intereses económicos (Fajardo, 2006:27-28)


El ejemplo de Fajardo se ve reforzado cuando los historiadores Barbara y Stanley Stein afirman que la corrupción se generalizó y se institucionalizó conforme los empleos de la burocracia colonial que no solamente eran adquiridos por medio de la compra, sino que “se convirtieron en una importante fuente de prestigio e ingresos para la aristocracia y la clase media española, sus amplios círculos de parientes, clientes y dependientes”  (Stein y Stein, 1987:74)


Así entonces, Fajardo; Pérez-Brignoli; Vives; Barbara y Stanley Stein, dan cuenta de la corrupción como práctica histórica en la que el Estado ha servido como instrumento para la renta o ganancia de un grupo minoritario en detrimento del bien común, en sus ejemplos,  estos grupos minoritarios eran grandes comerciantes y políticos que afianzaban sus propias redes familiares como grupos de poder. 


La colonia vigente en la corrupción del siglo xxi


Con lo anteriormente descrito, las palabras del historiador Miles Wortman cobran fuerza al afirmar que  "Las reglas y las tradiciones, las jerarquías y los principios y las bases y las suposiciones para el orden social, formadas en el primer siglo de la colonia continuaron a través del período colonial y existen en algún grado hoy" (Wortman en Corrales, 1985:132)


Las afirmaciones de Wortman y Acuña tienen una clara vigencia en la actualidad. La ruptura con la corona no significó un cambio de paradigma, al contrario, fue un giro gatopardista en el que todo cambió para que las cosas siguieran igual. De modo que, esas reglas y tradiciones coloniales siguen vigentes casi dos siglos después de la declaración de independencia, así como hoy día sigue vigente el racismo, el inseparable vínculo entre Estado-Iglesia, la visión patrimonial del Estado o incluso la corrupción misma. 


Los postulados de Wortman y Acuña encuentran soporte en la actualidad si se toma como referencia el uso de indicadores como el Índice de percepción de corrupción (IPC), el Índice global de Impunidad (IGI), el Índice de Estado de Derecho, o el Índice Neopatrimonial del Derecho. Este apartado describe brevemente cada indicador y cuál es el puesto que Nicaragua ocupa en cada uno de ellos.


En ese sentido, el IPC es un indicador realizado con base a 13 encuestas que pretenden medir la corrupción en el sector público de los 180 países en los cuales se realiza. A cada país se le asigna una puntuación en la que 0 (corrupción elevada) y 100 (transparencia elevada).  Según Transparencia Internacional, para el año 2018 Nicaragua ocupaba el puesto 152/180 con una puntuación de 25 sobre 100, es decir que Nicaragua se ubica como uno de los países más corruptos del mundo. 


Nicaragua no solo se ubica en el ranking de los países más corruptos, sino que también ocupa pésimos lugares en otras mediciones internacionales como el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project  cuya elaboración considera los siguientes 8 factores:

  1. Límites al poder gubernamental 

  2. Ausencia de corrupción 

  3. Gobierno abierto

  4. Derechos fundamentales 

  5. Orden y seguridad 

  6. Cumplimiento regulatorio 

  7. Justicia civil 

  8. Justicia penal

Para entender el indicador, su puntuación va de 0 a 1, en el que entre mayor sea el decimal que se acerque a 1 evidencia un mayor apego al Estado de Derecho. En este sentido, tal como se muestra en la Tabla 1 Nicaragua tiene una puntuación de .40 y se ubica en el puesto 114, de esta forma ocupa el cuarto lugar entre los países con menor apego al Estado de Derecho en América Latina, superado solo por Bolivia con una puntuación de .38 y Venezuela en último lugar con una puntuación de .28.


Tabla 1 Puntuación y Rankings del Estado de Derecho por Región


Fuente: World Justice Project 2018-2019 Rule of Law Index


El panorama empeora aún más si a los dos indicadores anteriores se les suma el Índice Global de Impunidad (IGI). Dicho indicador (IGI) retoma el concepto de impunidad acuñado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), el cual la define como: […] la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas. (IGI, 2017:21) 


Gráfica  1 Índice Global de Impunidad en América


Fuente: Índice Global de Impunidad 2017


Según la gráfica 1, para el año 2017 Nicaragua se encontraba entre los 6 países con mayor índice de impunidad en el continente americano. Con una calificación de 66.34 puntos superado por México con una puntuación de 69.21. Lo cual indica que una gran cantidad de crímenes cometidos no fueron sancionados y por tanto los criminales quedaron impunes.


Para complementar el análisis, el Índice Neopatrimonial del Derecho facilitado por Varities of Democracy “refleja la idea de que las formas personalistas de autoridad impregnan las instituciones del régimen formal”. Se entiende entonces por neopatrimonial la forma personalista de ejercer la autoridad desde el Estado. El índice básicamente mide los niveles de clientelismo, presidencialismo y corrupción del régimen. Este indicador utiliza la escala de 0 a 1. Donde las puntuaciones cercanas a 0 reflejan un bajo nivel neopatrimonial del derecho y las más cercanas a uno reflejan un alto nivel neo patrimonial. 


La gráfica 2 refleja el desarrollo histórico de dicho índice y sugiere que la práctica neopatrimonial es de larga data, y peor aún, aunque en un periodo determinado muestra leves avances, desde la llegada de Ortega al poder, el retorno al neopatrimonialismo avanzó de forma acelerada. 


Gráfica  2 Índice Neopatrimonial del Derecho Nicaragua 1900-2018


Fuente: Varieties of Democracy


Los indicadores anteriores dan cuenta que el régimen no ha cambiado y la corrupción no se reduce a la compra de puestos en la burocracia del Estado. A medida que este mismo se desarrolla las mismas élites económicas  y políticos tradicionales se encargan de cooptar dicha estructura para beneficio propio. La corrupción existe y se reproduce porque los índices de impunidad son elevados, es decir, los corruptos no pagan por sus crímenes. La práctica constante de la corrupción lleva a su sistematización y sofisticación por lo que se mina el Estado de Derecho. Como consecuencia de ello, el marco jurídico y las instituciones estatales pensadas para el bienestar común se vuelven herramientas útiles al servicio de las redes de corrupción. Cuando las redes de corrupción encuentran la posibilidad de ver el Estado como patrimonio propio, se afianza la práctica de instrumentalizar el Estado de manera discrecional, en ese sentido, el neopatrimonialismo se vuelve la forma de gobierno.

  Han pasado casi 200 años desde la independencia de Centroamérica y las mismas prácticas  nocivas y corruptas de hacer política ejercida por los criollos o peninsulares de esa época no solo se siguen repitiendo hoy día, sino que se han vuelto más sofisticadas. Con el desarrollo de la economía mundial y el mercado negro, el escenario se vuelve más complejo, pues entran en juego otros actores lícitos e ilícitos que se interrelacionan con agentes económicos y agentes estatales.

Muchos de ellos, logran tejer Redes Políticas Económicas Ilícitas (RPEI) compuestas por distintos actores como, diputados, ministros, policías, militares, grandes empresarios, narcotraficantes e incluso presidentes, que en última instancia han vuelto del Estado, una infraestructura de crimen organizado.  

Ante este oscuro panorama no solo es importante cuestionar las raíces administrativas de la corrupción, tal y como se ha abordado en este artículo, sino promover un debate abierto desde la ética. Como apunta Daniel Kaufmann, no se combate la corrupción combatiendo la corrupción. Por tanto, es necesario un debate de la misma que permita proponer medidas administrativas pero también éticas contra la corrupción, pues ésta, en sus distintas manifestaciones afecta a la sociedad en general, es causante de muertes violentas o muertes por fallos en los servicios públicos, es la razón de muchas desigualdades económicas e injusticias sociales  y mientras más estructural se vuelve, es más difícil combatirla.  Ludwing Moncada Bellorin. (Ocotal, 1994), Licenciado en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Universidad Americana (UAM). Ha sido investigador académico para el Programa Estado de la Región de Costa Rica en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA). Es cofundador de Hora:Cero.


Bibliografía 


Ballesteros, Irma Eréndira Sandoval. 2016. “Enfoque de la corrupción estructural: poder, impunidad y voz ciudadana”. Revista mexicana de sociología 78. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032016000100119


Castillo, Francisco Andújar, Antonio Feros, y Pilar Ponce Leiva. 2017. “Corrupción y mecanismos de control en la Monarquía Hispánica: una revisión crítica”.


Elizabeth Fonseca Corrales. 1985. “GOBIERNO Y SOCIEDAD EN CENTROAMÉRICA. 1680-1840 DE MILES WORTMAN”. Anuario de Estudios Centroamericanos, 1985.


Fajardo, Luis Eduardo. 2006. “La Corrupción Heredada: Pasado Colonial, Sistema Legal y Desarrollo Económico en Colombia”.


Klaus D. Tangermann. 1995. ILUSIONES Y DILEMAS LA DEMOCRACIA EN CENTROAMÉRICA.

Ortega, Juan Antonio Le Clerq, y Gerardo Rodriguez Sanchez Lara. 2017. “Dimensiones de la impunidad global. Índice Global de Impunidad 2017”.


Pérez Brignoli, Héctor. 2000. Breve historia de Centroamérica. 1. ed. en "Área de conocimiento: Humanidades", 2. de la obra. El libro de bolsillo Humanidades, Historia 4184. Madrid: Alianza Ed.


Stein, Stanley J., y Barbara H. Stein. 1987. La herencia colonial de América Latina. 19. ed. Historia. México: Siglo Veintiuno.


Transparency International. 2018. “EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN MUESTRA UN ESTANCAMIENTO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES”. 2018. https://www.transparency.org/news/pressrelease/el_indice_de_percepcion_de_la_corrupcion_2018


World Justice Project. 2019. The World Justice Project: Rule of Law Index, 2019.

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