El derecho al agua en el orden jurídico nicaragüense


El agua es uno de los derechos humanos más importantes, y de este depende la eficacia de otros derechos como el acceso a la salud. Actualmente, el agua es de vital importancia para combatir la pandemia del COVID-19 debido a que el constante lavado de manos es la forma más eficaz de evitar el contagio, por tal motivo, en los ordenamientos jurídicos de los Estados debe disponerse no tanto como una fuente de consumo y de explotación concesional, sino como un derecho fundamental y  humano, necesario para la materialización del derecho a la salud y de otros derechos, como el derecho a la vida. 


En el presente artículo se analiza la regulación jurídica, que en las diferentes leyes de Nicaragua - partiendo de la Constitución - tiene el agua, concebida como un derecho de los ciudadanos/as. Dicho análisis tiene el fin de determinar si en el orden legal del país, el agua es considerada un derecho humano fundamental, acorde a las normas internacionales, o más bien, un derecho ordinario dispuesto en normas secundarias. [1]


Es importante expresar, que en Nicaragua, la falta de acceso al agua potable es un problema del que sufren las poblaciones más pobres por la ausencia del Estado[2], y por la forma en la cual este otorga las concesiones, que son hechas sin ningún tipo de condición que obligue a las empresas que brindan el servicio, a que su cobertura sea más amplia y más integral. Ante tal omisión de la administración pública, “el agua potable no llega a la población en estado de pobreza porque a los concesionarios no les interesa llevarlo a quienes no pueden pagarlo” (Elizondo, 2007). En consecuencia, la falta de acceso al agua es un problema institucional causado por la poca regulación jurídica de la misma como un derecho y como un bien público a disposición de los ciudadanos/as. En los siguientes acápites se desarrollan las disposiciones legales que regulan el agua.


a)    Constitución Política 


La Constitución Política no contiene ninguna disposición que establezca el derecho al agua como un derecho fundamental a favor de los ciudadanos/as. El artículo 59 preceptúa: “Los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud. El Estado establecerá las condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación”, por tanto, el único soporte constitucional indirecto que puede tener el agua como un derecho, es en la norma aquí transcrita, porque para que el derecho a la salud se materialice y se mantenga incólume, es necesario que los ciudadanos/as tengan acceso a los servicios sanitarios básico, de los cuales, el agua es el principal. No solo el agua como un derecho no está dispuesto constitucionalmente; en los hechos, no toda la población tiene acceso a él, lo que refleja una transgresión al derecho a la salud. 


El artículo 105 de la Constitución, dispone que el Estado tiene la obligación de facilitar, regular y promover la prestación del servicio básico de agua potable, no obstante, el artículo 102 dice que los recursos naturales son patrimonio nacional y, que el Estado puede otorgar concesiones y contratos para su explotación. Ambas normas, más que disponer el agua como un derecho fundamental, tienen carácter administrativo relacionado a las concesiones y contratos, que el Estado puede suscribir para que terceros exploten este recurso.


b)    Ley General de Aguas Nacional (Ley No. 620) 


Esta ley fue aprobada en el año 2007, fruto de las demandas para crear legalmente una autoridad del agua; así la Ley No. 620 creó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que no entró a operar sino hasta 2010 (Elizondo, 2017). El artículo 5 dispone que es obligación indeclinable del Estado suministrar al pueblo nicaragüense el servicio de agua potable en cantidad y calidad, y que este no debe interrumpirse a los consumidores en pobreza extrema. No obstante, son los sectores más pobres y marginados del país quienes no tienen acceso al agua constante. Un dato importante a considerar es que según una encuesta de ENDESA de 2011-2012, solo el 30.5% de la población que  vive en las zonas rurales tiene acceso al agua potable segura, y de acuerdo a las proyecciones del Banco Mundial, la pobreza en Nicaragua es del 27.9% y la pobreza extrema 9.9%.[3] Así mismo, el artículo 12, que establece las definiciones de la ley, no define el agua como un derecho, mucho menos como derecho humano tal y como ha sido reconocido por las normas de derecho internacional. 

El artículo 66 establece, que el agua utilizada para consumo humano es una indeclinable prioridad del Estado, sin embargo, la ley no estatuye el agua como un derecho humano; peor aún, el artículo 69 dispone que el suministro de agua por acueductos debe ser autorizado por el ANA, previo el otorgamiento de una licencia especial, es decir, que el agua potable puede ser suministrada por terceros, y en consecuencia, la prevalencia de ese derecho pende de un concesionario y no del Estado, lo cual refleja que el agua está privatizada en Nicaragua, más allá de lo que dispongan las leyes de la materia. 


c)     Ley General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Ley No. 297) 


Esta ley, de igual forma no dispone el agua como derecho, sino que la mayoría de su articulado está destinado a regular las concesiones que se otorgan en materia de agua potable, lo cual refleja el carácter privado y mercantil del servicio, alarmante en casos de emergencia, como la actual pandemia del COVID-19. 


d)    Ley de creación de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)


Esta ley fue la creadora de ENACAL, la cual es una empresa estatal de servicio público del sector de agua potable y alcantarillado, quien comercializa y distribuye el agua potable, y explota los recursos hídricos del país. Dicha ley, tiene una función administrativa y no garantiza el derecho al agua a los ciudadanos/as en ninguna de sus disposiciones. Por  consiguiente, no le imputa ninguna obligación ni responsabilidad a ENACAL de garantizar a los ciudadanos/as el derecho al agua potable.


e)     Normas del Derecho Internacional Público  


En el ámbito del Derecho Internacional, una serie de instrumentos han considerado el agua como  un derecho humano: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, en Mar del Plata Argentina en 1977; la Conferencia sobre Agua y Desarrollo Sostenible de 1992; la resolución A/Res/54/175 de la Asamblea General de Naciones Unidas; Observación n° 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas del 2002.  La Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 aprobó la resolución sobre El derecho humano al agua  y el saneamiento (A/RES/64/292) y  dispuso de forma categórica “que el derecho al agua y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y  de todos los derechos humanos”. Esta resolución establece de forma clara, que sin el derecho humano del agua, los demás derechos humanos que ostenta la persona no pueden gozarse ni disfrutarse; es allí donde reside la necesidad, que en el ordenamiento jurídico del Estado de Nicaragua se incorporé el agua como derecho humano, sobre todo, para que en momentos críticos como el que se vive actualmente, este sea prioritario sobre otros derechos secundarios como lo son los derechos corporativos y empresariales.


Estas normas internaciones son de obligatorio cumplimiento para los Estados, en consecuencia, debe el Estado de Nicaragua concebir el agua como un derecho humano, y  no como un derecho ordinario supeditado a actos jurídicos entre el Estado y terceros, que hacen que su eficacia sea mínima, transgrediendo así la dignidad de la persona, misma que está dispuesta en el artículo 5 de la Constitución. 


Ante la emergencia del COVID-19, esta omisión de parte del Estado genera una responsabilidad internacional para el mismo, que puede ser exigida en la jurisdicción internacional, por los daños y perjuicios que esta negligencia provoque en la vida de las personas. 


A manera de conclusión:


Considerar el agua como un derecho fundamental, resulta de gran trascendencia para la sociedad en momentos de emergencia mundial, como lo es la pandemia de Covid-19. Esta enfermedad ha sobrepasado la capacidad de los sistema de salud pública de los países donde ha hecho presencia, pero en muchos de estos países, los ciudadanos pueden disponer de la básica y efectiva medida del lavado de manos para combatir el virus gracias a las garantía de acceso al agua que el Estado les otorga, y que por tanto garantizan su derecho a la salud y consecuentemente a la vida. 


Como se ha visto, tanto en la Constitución de Nicaragua, como en las leyes secundarias citadas, no se establece el agua como un derecho humano, fundamental para la subsistencia de la persona y para la prevalencia de los demás derechos; sino que el derecho al agua esta contenido como un derecho ordinario, de carácter secundario y/o programático,  lo cual pone en riesgo la vida y salud de los ciudadanos/as ante la pandemia. No existe, ni en la Ley General de Aguas Nacionales ni en la Ley General de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado, ninguna disposición que oriente cómo abastecer de agua a la mayoría de población ante emergencias como la del coronavirus, en donde sin el vital líquido la población es un blanco fácil para esta galopante enfermedad. 


La falta de regulación del agua como un derecho humano y  fundamental, se debe al tratamiento jurídico que se le ha otorgado a este tema en las distintas leyes que, como arriba se dijo, están encaminadas a considerar el agua no como un derecho humano y un bien público al alcance de todos los ciudadanos/as, sino, como un bien susceptible de explotación a través de concesiones que buscan mercantilizar este recurso, y en consecuencia hace que el consumo se sobreponga al bienestar ciudadano, sea cual sea el contexto y las circunstancias en la que se encuentre la población. Finalmente, tal jerarquización de este derecho tiene que establecerse en la Constitución por ser la Norma Suprema, y no en las leyes secundarias que regulan la materia del agua y saneamiento, porque al ser normas inferiores, no deben disponer materias no contenidas en leyes de mayor jerarquía.  


Referencias Bibliográficas


Asamblea Nacional (2014). Constitución Política de la República de Nicaragua. Publicada en La Gaceta Diario OficialNo. 32 del 18 de febrero de 2014. Nicaragua.


Asamblea Nacional (1998). Ley No. 297. Ley General de servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 123 del 2 de julio de 1998. Nicaragua.


Asamblea Nacional (2007). Ley No. 620. Ley General de Aguas Nacionales. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 169 del 4 de septiembre de 2007. 


Elizondo, D. (2017). El colapso institucional también afecta algo tan vital como el agua. Revista Envío. (422) pp. 14-22. 


Resolución aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 2010. El derecho humano al agua y al saneamiento. Recuperado https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S

[1] Normas secundarias: son las normas que no tienen por objeto crear obligaciones sino atribuir poderes o facultades.


[2] Elizondo (2017) lo pone de relieve: 


Según publicaciones de Global Water Partnership en Nicaragua solo aprovechamos el 1.03% ¿Y cómo se distribuye el agua que usamos? El 80% se emplea en riego en la agricultura y  el 14% tiene un uso industrial. Solo el pequeñísimo resto que queda es para consumo humano. Esta desigualdad en el uso y en la distribución del agua nos indica que hablar de agua es hablar de políticas públicas, porque la distribución del agua y  las decisiones sobre los usos que se le dará al agua, que es un bien común, es un asunto de una política nacional; después de garantizar agua para toda la población, que es el uso que debe prevalecer sobre cualquier otro, se debe discutir cuánta agua tendrá la agricultura, cuánta la industria, cuánta otros usos. (p. 16) 


[3] https://www.bancomundial.org/es/country/nicaragua/overview


 

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