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Escrito por

Karina Valdivia (Ciudad Sandino, Managua 1996). Estudiante de Trabajo Social y Gestión del Desarrollo (UCA). Exiliada en Costa Rica. Trabaja temas de Desarrollo Comunitario y Migraciones. Actualmente colabora en el Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS) en proyectos de apoyo a la población migrante, refugiada y transfronteriza.

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Otro muro nos separa: nicaragüenses refugiados en Costa Rica 

Karina Valdivia

18 Dic 2020 

La migración en tiempos actuales acarrea muros gigantescos, que no precisamente son de ladrillos, y no se limitan a la movilización de centroamericanos hacia Estados Unidos o Europa; hay una realidad más cercana que ha construido muros a base de mitos que excluyen, xenofobia que mata, desigualdad y exclusión social que roba la dignidad humana, y un discurso colonial de seres que se creen superiores a otros y otras, atreviéndose a arrebatar derechos humanos. En este escrito explicaré cuál es el nuevo muro que separa a Nicaragua y Costa Rica: la realidad actual de los  nicaragüenses bajo la condición de refugio. 

Migración histórica 

La migración de nicaragüenses hacia Costa Rica es histórica y tiene distintas causas que explican estos sucesos. A finales del siglo diecinueve e inicios del siglo veinte, un primer flujo de migrantes económicos provenían principalmente del departamento de Rivas -en Nicaragua- y se movilizaron a trabajar en el enclave bananero y a la vida ferroviaria, entre otras labores donde era utilizada su mano de obra. Entre los años 30 y 70 había flujo de migrantes que buscaban empleos en Costa Rica o que huían de la dictadura somocista , no obstante, estos últimos grupos no fueron masivos.

El segundo período se da con mayor intensidad en los años 80 con la llegada al poder del Frente Sandinista de liberación Nacional (FSLN) y la ruptura del tejido social en Nicaragua; en este periodo, la migración se da por razones políticas y de persecución a través de la instauración del Servicio Militar Obligatorio en 1983 y, consigo, la llamada contrarrevolución. Luego, entre los años 1900 y 2000 se da otro flujo fuerte de migrantes en busca de mejores condiciones económicas, aquí se reconoce que hubo más de 200, 000 nicaragüenses que migraron por estas  razones.

Finalmente, abril 2018: la crisis socio-política de Nicaragua nuevamente vuelve a ser portadora de noticias en el plano de las migraciones. A partir de la masacre orquestada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, nicaragüenses se vieron obligados a desplazarse hacia el vecino país del sur por razones de orden político, llegando principalmente por los llamados “puntos ciegos”. Se dieron en mayor proporción entre junio, julio y agosto; meses donde se ejecutó la llamada “operación limpieza” destinada a eliminar las barricadas a punta de balas y encarcelamientos de manifestantes. 

Las solicitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica no han parado desde 2018 ya que, de acuerdo con los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Costa Rica, hasta los primeros meses de 2020 había cerca de 101,000 solicitantes de refugio, de los cuales al menos 86,000 son nicaragüenses.

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Otro muro nos separa 

“Estamos en patios distintos, aquí llegamos, pero no tenemos nada asegurado”, me dijo una nicaragüense solicitante de refugio, haciendo alusión a la situación actual que vive en Costa Rica. Otra persona a la que atendí me dijo: “Necesito regresar a Costa Rica donde he vivido más de 20 años, mi vida está allá, tengo una niña que depende de mí, a mí me echaron de Costa Rica a la media noche, a esa hora busqué   cómo llegar a Rivas para conseguir pasaje y moverme hasta El Rama donde vive mi familia, en Migración de Costa Rica no me dieron explicaciones más que un papel donde dicen que yo intenté ingresar de manera ilegal”. 

El refugio es reconocido en el año 1951 y establecido en La Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados,[1] aquí se estipulan una serie de artículos que contemplan definiciones sobre quién y bajo qué razones se solicita protección internacional, a que se someten los Estados que ratificaron esta convención, derechos y deberes de las personas en condición de solicitud de refugio o reconocidas como refugiadas; no obstante, estamos hablando de papeles que pocas veces garantizan su cumplimiento. 

Costa Rica ratificó esta convención y, ante la llegada masiva de nicaragüenses, el país abrió sus puertas para recibir solicitudes de refugio. Sus nacionales decían que el país colapsaría con tantos nicas o paisas,[2] y esto se demostró en las calles a través de una protesta violenta en el mes de agosto de 2018, cuando manifestantes principalmente costarricenses se dirigieron a uno de los puntos de concentración de nicaragüenses -mejor conocido como el parque de la Merced- su discurso estaba bañado de xenofobia, discriminación y exclusión al decir “es una invasión de nicas” “queremos que no les permitan más el ingreso al país”.

Solicitar refugio no garantiza llegar a un país que brindará condiciones mínimas para vivir dignamente. A lo primero que se enfrentan quienes solicitan refugio es a una larga espera para la entrega de un documento provisional con la etiqueta “solicitante de refugio”, esto puede tardar entre uno y seis meses posterior a solicitar la condición a través de los puntos y mecanismos habilitados, entre ese tiempo no se puede trabajar regularmente. 

Al obtener el carné provisional, se estipulan tres meses a partir de la fecha para acceder a un permiso laboral que tampoco garantiza contratación en algún puesto; entre estos tiempos de espera, las personas en condición de solicitud de refugio tienen que buscar cómo sobrevivir. Destacando las redes hechas por nicaragüenses para apoyarse solidariamente, o bien, organizaciones civiles que se dedican a la protección y apoyo humanitario de personas migrantes y refugiadas.

Esta realidad es muy compleja, no son desconocidas las precariedades a las que se enfrentan los  nicaragüenses que huyeron de la represión en 2018. Es difícil conseguir empleo, muchas veces no se reconoce su profesión o no les gusta contratar a nicas. Una de las salidas que han encontrado es dedicarse a labores agrícolas que incorporan explotación y no les pagan sueldos justos, esto sin contar que no tienen prestaciones sociales si están dentro de labores informales.

 

Esto significa condiciones precarias en todos los sentidos: primero , un largo proceso en la solicitud de refugio que es agotador y desesperanzador, luego, condiciones laborales desiguales, no reguladas como debería ser; además de negación de derechos como salud y educación. 

Un ejemplo de esto, es la emisión de decretos en el marco de la pandemia por parte de Migración y Extranjería que ha prorrogado la validez de identificaciones utilizadas por solicitantes de refugio y refugiados; pese a la norma, algunas instituciones públicas y privadas desconocen la información y niegan sus servicios bajo la narrativa de desconocer estos decretos y “considerar” que la persona se encuentra en estado irregular con un documento vencido.

Otro asunto que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por organismos nacionales y  defensoras de derechos humanos en Costa Rica, es la negación de servicios de salud por desconocimiento a la normativa[3] que indica el acceso a salud de personas migrantes y en condición de refugio: en casos de emergencias, mujeres en estado de embarazo, menores de edad y personas con enfermedades de tratamiento obligatorio y enfermedades de vectores, aunque no posean un seguro médico el Estado cubrirá su atención.

“Maldito país que obliga a salir para buscar refugio en Costa Rica, porque quien migra forzadamente solo busca salvar su pellejo de la muerte o de la cárcel”  

Existen tantos obstáculos que desgastan la noción de protección de la persona que busca refugio y paradójicamente lo que encuentra son miles de dificultades, nuevamente se enfrenta a la vulneración de sus derechos: por huir de un país que no garantiza su seguridad y por resistir en el país de acogida.

Igualmente, debe cuestionarse el rol de organismos internacionales como ACNUR -ente creado para proteger y velar el cumplimiento de los derechos de las personas solicitantes de refugio y refugiadas-, más allá de sus esfuerzos, se quedan cortos en el aseguramiento de derechos de esta población; se requiere beligerancia, acuerdos con el gobierno costarricense que bajen hasta la población solicitante de refugio y refugiada, atención a las necesidades inmediatas y un acceso a condiciones mínimas que garanticen un refugio digno. 

El rol que juega el Estado costarricense es clave en el abordaje de esta situación, evidentemente les rebasa, y en tiempos de pandemia se vuelve más complejo para la población en condición de refugio. Se necesita pasar del discurso “pro derechos humanos” a la práctica con funcionarias y funcionarios públicos que dejen de negar derechos, además de revisiones a las normativas y a los procesos bajo los cuales se someten personas que solicitan refugio, labores beligerantes para detectar empresas que contratan mano de obra nicaragüense bajo condiciones de explotación laboral y se requieren políticas sociales que aporten a la eliminación de acciones que vulneran derechos humanos. 

La xenofobia, la desigualdad y exclusión social a la que se enfrentan migrantes y refugiados nicaragüenses no cesará mientras no se trabaje desde las raíces del problema; con una compresión de la dinámica de movilización que ha unido históricamente a Nicaragua y Costa Rica por razones económicas, de conflicto armado, y persecuciones políticas. Son dos países que tienen historias en conjunto, cuentan con familias binacionales, se dependen mutuamente y, sobre todo, quienes migran son seres humanos que merecen la garantía a sus derechos.

 
 
 

Referencias

[1]  https://www.acnur.org/5b0766944.pdf

[2]  Término acuñado para referirse peyorativamente a nicaragüenses en Costa Rica

[3]  Circular ACE-157-08-2018 de la CCSS y Anexo Oficio GM-D-10.791-2018 / GF-4033-2018

 
 
 

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