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Yubelka Mendoza: Periodista nicaragüense

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ONG canceladas: la resistencia de las mujeres en la clandestinidad

Yubelka Mendoza

23 Mar 2022

Las más de 120 organizaciones no gubernamentales canceladas dejan un vacío en los campos y problemáticas donde trabajaban, a los que el Estado les voltea la vista, como la violencia de género. Algunas dicen que siguen trabajando incluso de forma clandestina

 

A los 46 años Tamara se dio cuenta de que había estado viviendo violencia toda su vida adulta. Llevaba 26 años con su pareja dos años mayor que ella y con quien tuvo dos hijas. Dejó su trabajo en una joyería de Managua para dedicarse al cuido de las niñas y de su casa, dejó de visitar a su familia porque a su marido no le gustaba, aguantó tres infidelidades, gritos y cuando llegaron los golpes se dio cuenta que ya no podía más.

 

El día del primer puñetazo en la cara, frente a su hija menor, lloró de rabia más que de dolor. “Yo sabía que no estaba bien pero no sabía cómo enfrentarlo”, dice. Pasaron los meses para que llegara el siguiente golpe, uno más grave que la mandó a urgencias del Hospital Alemán. En ese lugar, dice, le cambió la vida.

 

“Una señora estaba acompañando a su hija que iba a parir, yo estaba sentada porque el golpe me había sacado el aire y no podía caminar”, cuenta. La señora, de quien se refiere como un “ángel que Dios y la vida puso en mi camino”, le preguntó qué le había pasado pero sin siquiera darle respuesta supo que se trataba de un “marido celoso”. Le dio un número, le dijo que llamara. Tamara llamó meses después, luego de varios episodios violentos más.

 

Era el número del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, una organización que lleva 28 años trabajando en la defensa de los derechos de las mujeres empleadas de zonas francas, pero también ayudando a víctimas y sobrevivientes de violencia de género, como Tamara.

 

La organización se ha dedicado a capacitar a las mujeres sobre sus derechos laborales, así como a brindarles asesoría legal en litigios con sus empleadores y con sus parejas, sobre todo en el tema de las pensiones alimenticias para los hijos. Pero la labor del movimiento ha ido más allá al acompañar a cientos de mujeres en temas de igualdad de derechos, también se han dedicado a  difundir información sobre los diferentes tipos de violencias a las que viven expuestas las mujeres en el día a día, capacitarlas en temas de emprendimientos, ofrecerles ayuda psicológica, etc. 

 

“Empleo digno”, “sororidad” y “mujer sujeta de derecho” fueron términos que varias mujeres escucharon por primera vez en su vida ya entradas en edad. Los aprendieron en los talleres y las capacitaciones que el María Elena Cuadra ha realizado en sus 28 años en varios departamentos de Nicaragua.

 

El 15 de febrero de este año, las promotoras del movimiento estaban brindando una capacitación más cuando “los machistas y misóginos de la Asamblea” –como dijeron ellas en la página de Facebook de la organización– les cancelaron la personería jurídica al movimiento. “Desde inicios de año ya veníamos nosotras previendo esta decisión, estábamos viendo sus actuaciones (del gobierno) y bueno, decidieron cerrarnos”, dijo al Canal 12 la sindicalista Sandra Ramos, presidenta del movimiento, minutos después de conocer la resolución de la Asamblea.

 

Y es que desde 2018 esta ha sido una fase represiva más implementada por el régimen que encabeza Daniel Ortega. Esta fase se sumó a las otras que consistieron en la represión violenta a las protestas callejeras, las llamadas operaciones limpieza, la prohibición de las marchas, el uso de fuerzas parapoliciales para reprimir e intimidar, el acoso, el encarcelamiento de personas opositoras, etc.

 

Desde 2018 le ha retirado la personería jurídica a más de 120 organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajaban en diferentes campos en el país, como salud, educación, derechos humanos, medioambiente, violencia de género, entre otros. También ha cancelado universidades y partidos políticos. 

 

Por medio de la figura del Ministerio de Gobernación (Migob), el régimen ha dicho que todas las organizaciones canceladas no han cumplido con los requisitos, sin embargo las autoridades de los organismos dicen que pese a que presentan sus documentos al Migob, este se niega a recibirlos y lo que hace después es cancelarlos. Esta es una práctica como el juego del gato y el ratón donde al final de cuentas no hay juego porque el gato tiene todo controlado.

 

¿Quiénes se ven más afectados?

 

Hay una sola respuesta para esta pregunta: la sociedad nicaragüense en su conjunto. Sin embargo, de esto se deriva una gama de afectados directos. 

 

Haydee Castillo, defensora de derechos humanos y presidenta del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, una de las primeras organizaciones a las que se les canceló la personería jurídica en diciembre de 2018, dijo para este artículo que las cancelaciones afectan principalmente tres aspectos: el tejido social, ya que reduce el derecho de organización y de asociación; ahonda problemáticas en los territorios donde el Estado no tiene presencia y por ende sus habitantes se ven afectados (sobre todo mujeres, juventudes, pueblos indígenas, campesinado, etc.); y ralentiza la economía local de los municipios donde las ONG tenían presencia, ya que contrataban servicios locales de comedores y empleaban a capacitadores comunitarios, entre otros.

 

“Nosotros en el norte trabajábamos en municipios como Dipilto, Mozonte, Macuelizo, Santa María, entre otros, donde a veces el presupuesto de una ONG era mayor de lo que invertía un gobierno municipal”, afirma Castillo. Es decir que el Estado no cubre todo, pero además bloquea el trabajo de las organizaciones que podrían representar un alivio.

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Mujeres: de las más afectadas

 

En el caso de las ONG que trabajan con temas de derechos sexuales, igualdad de género, violencia machista, derechos laborales para las mujeres, etc. su cancelación deja un vacío en un tema específico para el cual el Estado mantiene un discurso victorioso: aquel que dice que Nicaragua es uno de los países con menores brechas de género.

 

Si bien la práctica es cierta: 50-50 en cargos públicos, la realidad muestra graves problemas estructurales que le cuestan incluso la vida a decenas de mujeres al año y que quedan escondidos bajo subregistros. Por ejemplo, los números de los casos más graves de violencia machista –los femicidios– mes a mes van quedando muy por detrás de los que contabilizan precisamente las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

 

Los últimos dos anuarios estadísticos públicos de la Policía muestran que en 2019 y 2020 hubo 21 y 22 femicidios, respectivamente. Mientras la organización Católicas por el Derecho a Decidir registró 65 y 71 en los mismos periodos. Esto, repiten constantemente las defensoras, agrava la situación para las mujeres víctimas de violencia quienes no sienten la protección que el Estado, por ley, debería garantizarles, no solo castigando la violencia, sino previniéndola y dándole acompañamiento integral a cada caso.

 

Esto se refleja en casos como el de Tamara, a quien no le dio confianza acercarse a una estación policial a denunciar a su marido abusador. “Ni se me pasó por la cabeza”, dice, y es que conoció casos de mujeres que interpusieron denuncias y los policías terminaron haciendo comentarios machistas y cuestionando qué le habría hecho la mujer a su marido para que reaccionara tan violento.

 

“Estamos ante un estado de desprotección de las víctimas, de quienes sufren violencia intrafamiliar o sexual”, afirma Castillo sobre este tema específico.

 

ONG suplían trabajo que no hacían las comisarías

 

Ese estado de desprotección del que habla Castillo tiene historia. Entre 2015 y 2016, el régimen de Ortega fue cerrando poco a poco las Comisarías de la Mujer –sin dar motivos claros, aunque colectivos defensores supieron en ese momento que se trataba de cuestiones de presupuesto–. En estas comisarías iniciaba la ruta para que las mujeres accedieran a la justicia.

 

Las comisarías habían sido creadas en 1993 por medio de un esfuerzo tripartito: gobierno, policía y movimiento de mujeres. Eran instancias con financiamiento independiente y tiempo de duración limitado. Fue hasta 1996 que pasaron a ser parte institucional de la Policía Nacional, por ley. En esta etapa, contó Ruth Marina Matamoros en un artículo de 2016 en la Revista Envío, los movimientos de mujeres fueron los encargados de capacitar al personal policial en temas de violencia, para que supieran darle el trato justo y sin revictimizar a las sobrevivientes.

 

Con los años, contó Matamoros, el esfuerzo que empezaba a dar frutos se fue minando y el Estado empezó a desmantelar los avances. Las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia empezaron a resentir los estragos y las comisarías empezaron a desaparecer. Los vacíos que fueron quedando los cubrieron los movimientos de mujeres con recursos que ellas conseguían y con personal que ellas continuaron capacitando. 

 

A inicios de 2020, el régimen anunció con jolgorio la reapertura de las Comisarías de la Mujer, siempre bajo el discurso victorioso de asegurarles una vida libre de violencia y pasando por encima del dolor de las familias de las víctimas de femicidios que año con año iban –y siguen– quedando subregistradas y desconocidas por el Estado.

 

Rebelarse ante el sistema

 

Han sido varias las organizaciones ilegalizadas que han dicho que su trabajo no termina con la cancelación de su personería jurídica. Sandra Ramos asegura constantemente que el María Elena Cuadra “no son las cuatro paredes” que tenían como oficinas, sino que son el conjunto de mujeres, promotoras y trabajadoras. 

 

Sin oficinas y con gran parte de sus miembros en el exilio, María Haydee Castillo también afirma que el Instituto de Liderazgo de Las Segovias no ha parado un día de trabajar. “La gente nos sigue buscando por maneras alternativas, escondidas”, dice. La activista califica la labor como “una defensa de los derechos humanos en la clandestinidad”.

 

Ante la indefensión y la ilegalización, ¿qué queda? Defensoras consultadas coinciden que la solidaridad y la construcción de unidad y acompañamiento es vital en este momento. Mientras el estado voltea la cara y resquebraja el tejido social, las mujeres siguen dando la batalla hasta donde les es imposible. Las cancelaciones de organismos continúan, pero la defensa, la documentación y el acompañamiento no cesan.