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Jimmy J. Gómez Rivera. Antropólogo Social. Tanto en su dimensión profesional, académica y como activista social, ha estado vinculado con la investigación social y participativa, acompañando en Centroamérica distintos procesos sociales sobre sobre defensa territorial, gestión de bienes comunes, asociatividad, soberanía alimentaria, gobernabilidad intercultural y fortalecimiento de movimientos sociales. Actualmente es miembro de la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua (AMS)

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Neoliberalismo: desigualdad y exclusión

Jimmy J. Gómez Rivera

22 Jul 2021 

Latinoamérica sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo bajo el modelo neoliberal que ha determinado una mayor concentración de la riqueza. En un informe de Oxfam sobre esto se expresa: “Las políticas económicas neoliberales han servido para mantener la jerarquía económica y social basándose en una falsa narrativa que otorga prioridad a la autonomía individual frente a las barreras estructurales, y que enfrenta entre sí a distintos grupos por la obtención de una relativa condición privilegiada” (OXFAM, 2021, pág. 5). 

En los últimos años, en los ciclos de protestas sociales, han tomado fuerza “los movimientos transversales que engendran sus propias formas de organización”, que “se articulan de acuerdo con varios principios: participación directa, implicación por afinidad, horizontalidad y autoorganización. Estos principios les permiten tomar una forma característica, la de una fuerza que busca ocupar y apropiarse del espacio público urbano. La ciudad es, de hecho, la cuna de todos estos movimientos” (Billion & Ventura, 2020, pág. 45).  

La acción en el espacio público establece una dinámica que facilita “un anclaje en la cotidianeidad social local y de convertir, en ciertos casos, estos espacios ocupados en laboratorios temporarios de experimentación de las prácticas políticas y sociales alternativas llevadas a cabo por estos movimientos (juego de solidaridades concretas con la población del barrio, alimentos, gestión de los residuos, transporte, prácticas culturales, procesos de toma de decisiones, etc.)” (Billion & Ventura, 2020, pág. 45). 

Corporativismo en el FSLN 

En Nicaragua, en abril 2018, a raíz de la represión hacia jóvenes y movimientos ecologistas que protestaban por la actuación irresponsable del gobierno ante el incendio de la Reserva Indio-Maíz, se elevó la escalada represiva a partir del 18 de abril, con jubilados que protestaron en la ciudad de León y en Managua por una reforma neoliberal al instituto nacional de seguridad social. Esto desató una serie de protestas en universidades públicas, de los y las estudiantes que se negaron a ser parte de los grupos de choque que enviaba el gobierno a reprimir. El gobierno elevó la magnitud de su agresividad y asesinó a los primeros estudiantes y jóvenes que protestaron.

Esto generó la conformación del movimiento autoconvocado en diferentes partes del país, conformado por distintos colectivos: estudiantes, feministas, ciudadanos que no tenían participación en ningún espacio, oenegés, movimientos sociales, ecologistas y personas de diferentes estratos sociales, ideologías y creencias. En un contexto donde la población rechazaba a todos los partidos políticos -que no presentaban sus intereses- por los diversos escándalos de corrupción, por su vocación oportunista y por ser parte de una cultura política tradicional que reproducía las peores prácticas de la historia del país. Al otro lado estaba el gobierno, en manos del FSLN, que surgió supuestamente como una herramienta de transformación social ante la dictadura de Somoza, pero que se fue transformando en un partido tradicional, al servicio de la familia Ortega y su grupo de poder, así se fueron beneficiando de prácticas patrimonialistas corruptas, despolitizando a sus cuadros, haciendo un culto a la personalidad al estilo del viejo caudillismo latinoamericano y adoptando un discurso mítico-religioso, que incluyó la prohibición del aborto, defensa del patriarcado y la falta de cumplimiento de la separación Estado-Iglesia.

Con su llegada al poder en el 2007, Ortega pactó con el sector del gran capital, para la creación del Modelo de Consenso y Diálogo, conocido como Modelo-COSEP, o “populismo responsable”, como lo denominó Arturo Cruz, un tecnócrata del gran capital. Para comenzar revisemos qué implicó este modelo, al que podemos considerar como parte de un proceso de ingeniería social que permitió el desarrollo del proyecto de acumulación por desposesión de la casta económica, social, política y cultural. A través de un pacto entre los bloques tradicionales del poder, el entramado empresarial transnacional, las instituciones financieras internacionales, junto con la emergente oligarquía surgida del FSLN, que incluye al ejército como sujeto político y empresarial.

Con el establecimiento del modelo de consenso formulado e implementado por la oligarquía tradicional y la emergente del FSLN, se impulsó otra etapa de desposesión de los bienes comunes y públicos, que afectaron la seguridad social, el sistema de salud, los servicios públicos, el agua, la tierra y los bosques. Asimismo, se le dio continuidad al proyecto del Estado Nación de la conquista de los territorios campesinos, de los pueblos originarios y afrodescendientes. En favor de los terratenientes, las mineras, los agronegocios, el negocio forestal y la ganadería. Asimismo, en años anteriores, Daniel Ortega, a partir del pacto con el presidente Arnoldo Alemán en el 2000, se había encargado de implosionar los movimientos sociales, que se mantuvieron al margen y cuestionaron ese acuerdo. Así fue cooptando todos los cuadros de las principales organizaciones sociales y sindicatos. Solo quedó  en pie el movimiento feminista. Posteriormente surgieron otros colectivos emergentes que fueron planteando sus demandas, los movimientos en contra de la minería, en contra del canal y algunas rebeliones en los sindicatos.

Todas estas luchas sectoriales también encuentran espacio en el movimiento autoconvocado, dando la oportunidad de volver a construir un movimiento social amplio. En este se van produciendo varias nuevas formas de protesta, el uso de las redes sociales, la ocupación del espacio público (calles, carreteras, recintos universitarios), la recuperación del espacio que estaba mercantilizado o bajo simbología del gobierno, las redes de solidaridad y colaboración, la conexión con nicaragüenses trabajadores migrantes, la autogestión y la resignificación de espacios de memoria, para colocarlos como símbolos de enfrentamiento en contra de la nueva dictadura.  Asimismo, la asunción mayoritaria de pensar en una vía pacífica y de acción directa no violenta, para romper una tradición histórica de violencia política.

Ante un movimiento que crecía, el gobierno ordenó un fuerte plan represivo, que incluía el uso de paramilitares, fuerzas espaciales de la policía equipados con armas de guerra. Fue cambiando la estrategia en muchos barrios y comunidades donde se levantaron tranques y barricadas en defensa de la vida. Pero no fue posible retener las caravanas de la muerte, donde se transportaban fuerzas paramilitares y la policía.

Por otro lado, el gobierno implementó una estrategia paralela de negociación que tenía como propósito ganar tiempo para organizar la represión y, por otro lado, reposicionar como interlocutores a sectores vinculados y subordinados al gran capital, sus socios en el modelo corporativista. Conocía sus posiciones vacilantes, que ponían encima sus intereses económicos sobre los demás. Así que vetó a todos aquellos que no estaban subordinados a estos intereses. Con lo cual, se determinó que, dentro de la Alianza Cívica por la Justicia, los operadores del gran capital quedarían posicionados para ir desplazando a la sociedad civil organizada, los movimientos sociales -como los sectores emergentes de abril- quienes se organizaron en la Articulación de Movimientos Sociales y posteriormente, en la Unidad Azul y Blanco.

Estos sectores del gran capital hicieron una serie de ofertas, en lo que se conoció como ‘aterrizaje suave’, que implicaba una salida electoral, con promesas de impunidad y cohabitación. Por otro lado, la dictadura impulsó un discurso que favorecía una fuerte polarización para ocultar lo que significó la actual dictadura, el modelo de consenso con sus nuevos cómplices y sus elementos estructurales. Esta narrativa polarizante la inició Rosario Murillo y posteriormente fue asumida en su totalidad por los sectores conservadores y reaccionarios, ligados al gran capital, primero para ocultar su complicidad; segundo para lograr crear una base de votantes, en una posible contienda electoral, como para neutralizar a los sectores con agendas críticas y transformadoras, que no se subordinan a la casta política, ni del gran capital, como se oponen al aterrizaje suave/cohabitación/parcela de poder. La fuerte represión, la intervención del gran capital y la polarización debilitaron al movimiento autoconvocado, que hoy se mantiene en un momento de reflujo, ante un posible fraude y una subida gradual del protagonismo de los partidos políticos tradicionales, que han arrebatado espacios a los liderazgos emergentes.

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Protestas en Ecuador 2019

En Ecuador el 2 de octubre de 2019 iniciaron una serie de protestas contra un paquete de medidas neoliberales sobre austeridad. Esto afectaba los derechos sociales y económicos de la población. Son medidas que en el pasado fueron altamente rechazadas por el pueblo por su impacto social, ecológico y económico. Incluso muchos de estos movimientos sociales cuestionaron duramente a Rafael Correa, como también lo estaban haciendo con Lenin Moreno. Alianza País, donde formaban tanto Correa como Moreno, había llegado con promesas de ruptura con estas medidas, pero fueron desarrollando políticas extractivistas y desarrollistas, que le fueron alejando de sectores como la CONAIE (Tapia Mealla, 2021, pág. 236), así como de otros miembros de Alianza País, que habían estado ligados al proyecto refundacional, a la promulgación de los derechos de la tierra, la auditoría y la declaración de deuda odiosa, que se distanciaron cuando se dieron estas desviaciones.

Lenin Moreno y Alianza País, a pesar de la ruptura con Correa, no hubo ningún cambio, sino que continuó esta línea y se establecieron alianzas con sectores conservadores. Dieron la espalda a los sectores que pedían una ruta alternativa al FMI y a las élites ecuatorianas, una opción socialmente justa, ecológica y respetuosa con los derechos de los pueblos originarios. Frente a esto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), la Federación de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros (FENACOTIP), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular (FP), que se había opuesto a las políticas de Correa, se levantaron en contra de Moreno, como también denunciaron el oportunismo del primero, quien había iniciado ese ciclo de políticas regresivas.

La respuesta del gobierno fue violenta, se decretó un estado de excepción, y reprimieron duramente las protestas y buscando cómo criminalizarlas (Amnistia Internacional, 2019). Hay un elemento que llama la atención, que es recurrir a un “enemigo externo”, los “aliens”, como dijo una funcionaria chilena ante las manifestaciones contra el gobierno de Sebastián Piñera. Y es que tanto Daniel Ortega, Lenin Moreno, Iván Duque y Sebastián Piñera utilizaron esta estrategia para estigmatizar a los movimientos sociales, afirmando cada uno respectivamente, que detrás estaba el imperialismo estadounidense, el bloque del ALBA o sus adversarios internos de la oposición tradicional. Incluso el secretario Almagro, quien ha mostrado en el pasado ambigüedad ante la dictadura de Ortega, y que también contradijo el propio informe de misión electoral sobre el fraude en Honduras, aceptó los resultados y emitió un pronunciamiento, en esta misma línea, de una desestabilización generada por el ALBA en Colombia y en Ecuador (OEA, 2019). Finalmente, el gobierno ecuatoriano ante la magnitud de las protestas, el 13 de octubre, con la mediación de la ONU, llega a un acuerdo con la CONAIE, para la derogación del decreto 883 sobre la eliminación del subsidio a la gasolina.

Antecedentes del estallido en Colombia 

En noviembre del 2019 inició una jornada de movilizaciones en un país que estaba atravesando fuertes retrocesos de los acuerdos de paz que finalizaron con la guerra, donde seguían siendo latentes los crímenes en contra de activistas sociales, defensores de la tierra y de derechos humanos y la criminalización de la protesta. El presidente Iván Duque representaba la continuación de la política de Alvaro Uribe en todos sus aspectos.

El 21N -como se conoce a este ciclo de movilizaciones- implicó la convergencia de múltiples demandas y aspiraciones, como de una variedad de liderazgos, fuera de una lógica de vanguardia y formación única. Igualmente, su diversidad incluía diversos sujetos sociales colectivos, especialmente la juventud. Álvaro Jiménez Millán en una entrevista plantea: “Hubo novedad, diversidad, fuerza y mucha alegría. El 21N fue también un Basta Ya de la ciudadanía frente al hecho de que el uribismo continúe siendo el modelador de la coyuntura política y del futuro del debate nacional. Se trata también de una escenificación de rupturas y de la búsqueda de nuevos liderazgos, de nuevas formas de expresión, de desobediencia frente al establishment, pero también frente a la oposición clásica de la izquierda más «organizada». El 21N se lo tomó la ciudadanía” (Saint-Upéry, 2020, pág. 155). 

Ante ello, el gobierno implementó una estrategia represiva constituida, según Jiménez Millán, por la política informativa del «miedo al vandalismo», para justificar la salida del ejército y el uso de antidisturbios, la descalificación a las vocerías del movimiento; y finalmente la proposición de un diálogo, denominado como “Conversación Nacional”, con el apoyo del sector empresarial, de los medios y la iglesia católica, desconociendo y apartando al Comité del Paro y la negociación. Los poderes fácticos, expresa Jiménez, “...defienden este espacio como manera de institucionalizar la protesta para que el país ‘no se salga de madre’” (Saint-Upéry, 2020, pág. 155). 

Esta estrategia redujo las movilizaciones en apariencia, muchas fuerzas se concentraron en el diálogo, donde muchos sectores llevaron sus diversas demandas, desde socioeconómicas, en contra del extractivismo y sobre el proceso de paz. Pero al no reconocer al Comité, el gobierno logró crear un paralelismo con lo que sucedía en las manifestaciones y fragmentó la transversalidad de las demandas. Esta situación de supuesta desmovilización desembocó en la convocatoria del Paro Nacional que inició el 28 de abril de 2021, a través del Comité Nacional de Paro, ante un paquetazo de reformas neoliberales contra la salud, el empleo y la educación.  Como en el anterior ciclo, el gobierno recurre a la criminalización de la protesta, estigmatización de los manifestantes y sube el grado de la represión, dando como resultado, según Amnistía Internacional, hasta el 9 de mayo, la muerte de 47 personas, 1 876 actos de violencia policial, 963 detenciones, 28 víctimas de lesiones oculares y 12 casos de violencia sexual (Amnistía Internacional, 2021).

El grado de la violencia es tal que desata críticas de la comunidad internacional, las diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos de la sociedad civil, como de los sistemas intergubernamentales, como protestas de la comunidad colombiana migrante. Como podemos observar en todos los movimientos transversales que se levantaron en Nicaragua, Colombia y Ecuador, desbordan a los partidos políticos existentes, que ya no cumplen con las expectativas de la ciudadanía, que cada día son más sus desviaciones de los programas originales, la corrupción, la desconexión con la cotidianidad de la gente y la implementación de un modelo de sociedad excluyente, que genera una fuerte concentración de la riqueza en manos de unos pocos y una alta desigualdad social; un modelo que atenta contra los bienes comunes, que no duda en usar la peores de las violencias cuando la gente le dice basta ya.

Asimismo, estos movimientos tienen que sortear las estrategias de institucionalización emprendidas por las élites políticas y económicas, para domesticarlos, incorporarlos a la democracia liberal como partidos, para desconectarlos de su potencial emancipador. Aunque a diferencia de los movimientos refundacionistas, las feministas y los de defensa de los territorios/bienes comunes, estos no impulsaron una agenda de cambio del proyecto de Estado Nación, pero sí comparten las propuestas de autogestión, de autoorganización, democracia directa y participativa; de tejidos sociales, basados en la comunidad, en la solidaridad y colaboración; anclados también al territorio, donde dan la disputa. Todo esto contribuye a desarrollar nuevas formas de organización social, que también se movilizaron para apoyar los efectos de la pandemia, ante unos Estados que han actuado de manera irresponsable o han sido rebasados.

 
 
 
 

Bibliografía

Amnistía Internacional (4 de octubre de 2019). Ecuador: El Presidente Moreno debe garantizar derechos de manifestantes, periodistas y líderes sociales.  https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/10/ecuador-presidente-moreno-debe-garantizar-derechos-manifestantes/

Amnistía Internacional. (20 de mayo de 2021). Hasta el 9 de mayo, las organizaciones de derechos humanos colombianas han registrado la muerte de 47 personas, 39 de ellas en el marco de la represión violenta de la policía colombiana, 1.876 actos de violencia policial, 963 detenciones, 28 víctimas de l. Obtenido de Amnistía Internacional: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/estados-unidos-armas-usadas-para-reprimir-protestas-colombia/

Billion, D., & Ventura, C. (2020). ¿Por qué protesta tanta gente a la vez? Nueva Sociedad(286), 37-52.

Comunicado de la Secretaría General de la OEA. (19 de octubre 2019). https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-081%2F19&fbclid

OXFAM. (2021). El Virus de la desigualdad. Oxford: Oxfam Internacional.

Saint-Upéry, M. (marzo-abril de 2020). Colombia: despertar ciudadano y dilemas políticos después del «21-n». Nueva Sociedad(286), 154-168.

Tapia Mealla, L. (2021). Agotamiento del ciclo progresista en América Latina. En D. y. Castro, América Latina en Tiempos Revueltos (págs. 229-244). Montevideo, Cochabamba y Morelos: ZUR, Excepción y Libertad bajo palabra.

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