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Álvaro Montenegro (Ciudad de Guatemala, 1988). Periodista y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Participa en los movimientos JusticiaYa y la plataforma Alianza por las Reformas, desde donde se busca impulsar la lucha contra la impunidad en Guatemala y en la región.

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Hora Cero. Equipo de producción e investigación.

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Justicia criminal en Centroamérica

Álvaro Montenegro / Hora Cero

20 Sep 2021 

La corrupción, aunque universal, no se manifiesta de la misma forma, ni con la misma intensidad en todos los países. Existen países en los que la corrupción puede ser mucho más avanzada y compleja que en otros, tal es el caso de Guatemala y Nicaragua. En ambos países la corrupción es estructural, esto se traduce en un Estado cuyo aparato opera a favor de las elites políticas, económicas, militares y criminales.

 

En este artículo utilizamos las categorías de captura y cooptación del Estado para comprender la realidad que atraviesan ambos países centroamericanos. Desde este marco teórico, problematizamos las complejidades e implicaciones que conlleva la existencia  del sistema de justicia criminal en Guatemala y Nicaragua. 

 

Corrupción estructural, captura y cooptación del Estado

 

La politóloga Irma Sandoval Ballesteros define la corrupción como un problema institucional y político que requiere soluciones estructurales. Según la autora, la corrupción estructural es “una forma específica de dominación social basada en un diferencial estructural de poder en el que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos ciudadanos” (2016: 123).

 

Dentro de este sistema de corrupción estructural podemos entender las nociones de captura y cooptación. La captura del Estado desarrollada por (Hellman et al, 2003) abarca de manera empírica  principalmente aquellos países que pasaron  del comunismo a la economía de mercado en Europa del Este. En su estudio, la captura del Estado  se define como “la determinación en la formación de las reglas básicas del juego (por ejemplo, leyes, reglas, decretos y regulaciones) a través de pagos privados ilícitos y oscuros a funcionarios públicos” (2003: 36). Se refiere a Estados donde miembros de la élite empresarial y / o política se apropian parcial o totalmente de las funciones del Estado  y utilizan sus recursos en su beneficio (Fazekas y Tóth, 2016). 

 

La captura del Estado está vinculada a Estados  débiles donde la corrupción es endémica. El gran problema de este tipo de corrupción surge en la medida en que la “captura” puede convertirse en la subversión de la legalidad “precisamente porque las leyes, normas y reglamentos terminan siendo producto de una transacción ilícita” (Dassah, 2018: 2).

 

La captura del Estado es una forma sofisticada y compleja de corrupción que involucra redes de actores políticos, agentes públicos y agentes económicos. En algunos países como Guatemala, Honduras o Colombia, la captura del Estado involucra a agentes ilícitos como el crimen organizado. Según Garay Salamanca et al (2008) la corrupción requiere de redes sociales complejas y eficientes que garanticen la confidencialidad y a través de las cuales se puedan realizar diferentes actos y acuerdos legales, políticos y económicos.

 

Algunos investigadores (Gary Salamanca, et al, 2008) identificaron debilidades en la propuesta conceptual de Helman et al (2003) y a partir de ahí desarrollaron la noción de cooptación y reconfiguración del Estado. La primera crítica es que el concepto de captura no establece una diferencia entre el carácter económico de la captura que se realiza mediante soborno y aquella captura que se produce como consecuencia del poder de influencia del captor a través de otros procedimientos de carácter político o mediante intimidación. La segunda crítica es que no considera otros tipos de actores capturadores, ni otros tipos de captura distintos al económico. El esquema tradicional de captura del estado se refiere a un actor que utiliza el soborno para capturar o dominar instituciones, de modo que determinadas decisiones estatales puedan favorecer sus intereses particulares a expensas del bienestar colectivo. A partir de esta premisa  se propone una definición complementaria.

 

Garay Salamanca et al (2008) tienen en cuenta aquellos países en los que existen grupos lícitos e ilícitos que buscan influir en decisiones legislativas y procesos administrativos y regulatorios. Algunos de estos actores pueden ser mafias, cárteles, organizaciones criminales y grupos antisubversivos o subversivos (2008: 51-53). En este contexto, el soborno no es el único procedimiento para capturar al Estado, sino más bien el uso de la posición de poder del captor en la estructura económica, política o social. La nueva proposición conceptual parte de estas premisas como “reconfiguración cooptada por el Estado” y se define como“ el proceso en el que un grupo intenta infiltrarse, penetrar y aprovechar las tramas del Estado para luego reconfigurarlo para responder y servir a sus propios intereses ”(2008: 59). 

 

Los actores que capturan las instituciones varían dependiendo del contexto. Antes hemos mencionado a elites políticas, empresariales, militares y entidades criminales. Pero la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) demostró que también puede ser una interrelación de las mismas. El proceso de captura debe entenderse desde una lógica de redes en las que se conectan o no de alguna forma. Las redes también se reconfiguran, mutan, se fortalecen, se debilitan o desaparecen.

 

Las redes pueden capturar distintas instituciones, por ejemplo a través del financiamiento electoral ilícito pueden afectar los resultados electorales y llegar a influir o controlar el Poder Ejecutivo y/o Legislativo. Desde las posiciones de privilegio que otorga el Legislativo también pueden influir en la justicia, en la creación o derogación de leyes, etc.

 

Para ilustrar lo anterior podemos utilizar como ejemplo la administración de Otto Pérez Molina en Guatemala (2012-2015). La CICIG y el Ministerio Público de Guatemala lograron mostrar que Molina y “sus principales funcionarios y el Partido Patriota (PP) se repartieron distintas entidades del ejecutivo y de gobierno para saquearlas; facilitaron la subordinación del Congreso a intereses privados; e, influyeron en los procesos de selección de funcionarios judiciales” (CICIG, 2019:34).

 

Cooptación de la justicia en Guatemala y Nicaragua

 

A partir de los conceptos anteriores, cuando hablamos de cooptación de la justicia nos referimos al proceso mediante el cual los agentes captores han logrado tener un alto grado de influencia sobre las instituciones que componen el sistema de justicia: Policía Nacional, Tribunales Judiciales, Fiscalías, entre otras, con el objetivo de manipular la justicia y/o garantizarse impunidad en sus acciones criminales. 

 

La cooptación de la justicia se vuelve un factor criminógeno no solo para la corrupción desenfrenada sino para la impunidad, esto se puede convertir en una de las principales herramientas represivas tal como ha pasado en Guatemala y con mayor virulencia en Nicaragua. 

 

En este apartado abordamos las particularidades de cada país con base en las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los captores del sistema de justicia? ¿Cómo capturaron el sistema de justicia? ¿Cuál ha sido el principal uso del sistema de justicia capturado? ¿Cuáles son las consecuencias de este sistema capturado?

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El caso Nicaragua, donde los criminales definen la “justicia”

 

El Ministerio Público de Nicaragua se creó en el año 2000, a través de la Ley 346. Esta es la institución encargada de acusar así como de representar los intereses de las víctimas en un proceso penal. El MP nació cronológicamente dentro del contexto del pacto entre el entonces presidente Arnoldo Aleman y el diputado Daniel Ortega. Este pacto se concretó legalmente con la aprobación de la Ley 330 de Reforma Parcial a la Constitución Política. El objetivo era repartir las instituciones del Estado entre las dos principales fuerzas políticas: el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Entre otras cosas, el pacto se tradujo en un aumento de las magistraturas tanto del Poder Judicial, Electoral, así como la Contraloría General de la República. 

 

Bajo esta lógica de poder, el nombramiento de Julio Centeno Gomez como primer fiscal general y Maria Lourdes Bolaños como fiscal general adjunta se vio marcado por las dinámicas del pacto Alemán-Ortega en la medida que cada uno era leal al partido PLC y FSLN respectivamente. En este sentido, desde sus inicios el rumbo del MP estaría determinado por esta lógica del pacto. Sin embargo, a partir de las elecciones del 2006 en las que el FSLN retornó al poder este último incrementó su cuota de poder no solo en el MP sino en la Corte Suprema de Justicia. 

 

En 2007 la comisionada general en retiro de la Policía Nacional, Ana Julia Guido, fue electa como fiscal general adjunta, tan solo un mes después de haberse retirado de la Policía. Ana Julia Guido no cumplía los requisitos de al menos haber estado 10 años ejerciendo como abogada  para ser electa, ya que en el Capítulo VII, numeral 5 del Reglamento de Ética de la Policía Nacional, se le prohíbe el ejercicio de la abogacía. Bajo la dirección de Ana Julia Guido otros ex policías como el comisionado mayor Julio Gonzales, Douglas Vargas Flores y Julio Alonzo se posicionaron como jerarcas dentro del Ministerio Público.

 

Asimismo, como resultado de fraude en las elecciones presidenciales posteriores (2011), la cantidad de votos en la Asamblea Nacional le permitió a Ortega tener control sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y por tanto de los tribunales penales. A partir del año 2014 con la reforma a la Constitución Política en el artículo 97 la Policía Nacional pasó a estar bajo el mando del Presidente de la República. Para 2014, el MP, el Poder Judicial y la Policía Nacional estaban completamente cooptados por la red de criminales dirigida por Ortega, esto se traduce en que de forma “legal” y discrecional Ortega podría iniciar una persecución penal a través del MP, realizar las investigaciones desde la PN y juzgar a través de los tribunales correspondientes.  

 

Aunque la cooptación del sistema de justicia se concretó de forma definitiva con la reforma constitucional, para el año 2008 ya habían indicios del accionar represivo del Ministerio Público. En la Resolución Fiscal No. 4805-JD-08 la fiscalía narra su investigación en contra de ocho organizaciones de sociedad civil (CINCO, OXFAM GB, Forum Syd, IRI, MAM, Coordinadora Civil, RENICC y RMM) por presuntas “operaciones irregulares”, los resultados de la investigación afirman encontrar “irregularidades administrativas y contables”. Es importante señalar que estas organizaciones de sociedad civil operaban en el ámbito político, con lo cual el operativo fue una persecución política. 

 

El MP también ha funcionado para generar impunidad y desproteger a las víctimas, tal es el caso #OCUPAINSS en el 2013. Un centenar de personas que conformaban parte de los grupos de choque del partido FSLN llegaron al lugar donde varias personas daban acompañamiento y apoyo a personas de la tercera edad que exigían el pago de su pensión reducida. Las fuerzas de choque robaron vehículos, secuestraron personas por un periodo corto de tiempo, cometieron daños en contra de la propiedad privada y agresiones físicas hacia  los manifestantes. Hasta el día de hoy el caso quedó en completa impunidad.

 

A partir de la crisis sociopolítica del 2018 la Fiscalía ha sido la principal institución encargada de criminalizar a disidentes de la dictadura. Con un mecanismo de operación en el que inicialmente agentes estatales o paraestatales secuestraban a las personas opositoras, posteriormente se sabía públicamente de la detención de dichas personas y eventualmente la fiscalía procedía con falsos positivos judiciales.

 

Sin embargo, con la aprobación de una serie de 10 leyes represivas como la Ley especial de ciberdelitos, también conocida como ley mordaza; la Ley de regulación de agentes extranjeros, que ataca a Organizaciones no gubernamentales; y la Ley de cadena perpetua; o la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, la mafia que gobierna Nicaragua ha creado un marco “legal” en el que la justicia sirve  como un aparato criminal. 

 

Así las cosas, la cooptación de la justicia supone no solo una garantía de impunidad para los criminales captores, también un arma sumamente represiva en contra de aquellas personas que la mafia considere un peligro. Bajo esta lógica criminal es que la fiscalía acusó ilegalmente a Manuel Salvador Orozco, José Pallais, Félix Maradiaga, José Adán Aguerri, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Violeta Granera, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil y Dora María Tellez, junto a otras personas que integran distintas organizaciones de sociedad civil.

 

Según el comunicado 066-2021 se les acusa de delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua”. La eficiencia y coordinación interinstitucional existe para ejercer funciones amparadas bajo una distorsión distópica de la justicia. Sin embargo, las graves violaciones de derechos humanos, los vínculos de servidores públicos con el crimen organizado, las grandes malversaciones de fondos públicos y el enriquecimiento ilícito pasan desapercibido ante los ojos de quienes se dicen velar por la justicia. 

 

En definitiva, al perpetuar el crimen y la impunidad, la mafia al mando del sistema de justicia ha subvertido la razón de ser de la fiscalía para convertirla en un operador más de sus intereses criminales.  

 

El caso Guatemala, las redes políticas y económicas se defienden 

 

De 2007 a 2019 existió en Guatemala la CICIG, lo cual fue producto de un acuerdo con Naciones Unidas para establecer un ente que respaldara a la Fiscalía ante la aceptación de que el Estado y las instituciones de justicia se encuentran bajo control del crimen organizado.  Estas redes habían surgido desde la guerra interna (1960-1996) como parte del Ejército y su rol contrainsurgente, el cual tenía como prioridad controlar aduanas, fronteras y utilizar técnicas al margen de la ley para combatir a la insurgencia, cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Esta forma de operar desde la clandestinidad persistió aún después de que llegaran los gobiernos civiles en 1985 y que se firmara la paz en 1996. Se siguieron cometiendo crímenes políticos y se enjuiciaron a algunos altos militares en casos emblemáticos, como el asesinato de la antropóloga Myrna Mack y el obispo Juan Gerardi.

Como parte de los análisis y las investigaciones, la sociedad civil y grupos de derechos humanos con ayuda de aliados internacionales, se dieron cuenta de la existencia de Cuerpos de Inteligencia y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) que, nacidos desde la inteligencia militar mezclados con crimen organizado y entes privados, dirigían los negocios ilícitos del país y llevaban a cabo crímenes políticos, para lo que necesitaban estar coludidos en las principales instituciones públicas y en el sistema de justicia, con el fin de garantizarse la impunidad.

Entonces, como una solución, se le planteó a Naciones Unidas que respaldara la creación de una instancia que trabajara de la mano con la Fiscalía para desmantelar estos aparatos incrustados en el Estado. Este proceso de discusión y negociación llevó varios años, incluyendo debates constitucionales, hasta que en 2007 se firmó el acuerdo entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas dándole vida a la CICIG básicamente con tres mandatos: litigar e investigar casos, realizar propuestas de leyes y políticas públicas, y transferir capacidades a las diversas instituciones. 

La Comisión tuvo estuvo a cargo de Carlos Castresana y Francisco Dall´Anese hasta que en 2013 llegó a ser dirigida por el abogado colombiano Iván Velásquez, quien tenía experiencia en Colombia investigando casos de narcopolítica, incluso trabajó  en casos contra la familia del expresidente Alvaro Uribe y contra el narcotraficante Pablo Escobar. Velásquez cambió la dinámica de la Comisión y se enfocó  en perseguir las Redes Políticas Económicas e Ilícitas (RPEI) de corrupción en los más altos niveles, y eso hizo que en abril de 2015 se destapara el caso La Línea, una defraudación aduanera que terminó involucrando al presidente Otto Pérez Molina. 

Esto provocó una reacción ciudadana explosiva e inédita para Guatemala, que se mantuvo por cuatro meses hasta que el mandatario renunció. Las investigaciones en el caso La Línea fueron jalándose como un hilo que deshilacha una prenda y así evidenció  la corrupción en la intendencia tributaria por medio de sobornos a los directores, la corrupción en las aduanas, en el seguro social. Se supo cómo se compraban jueces, magistrados y fiscales y cómo se controlaban hasta  las mismas elecciones de funcionarios judiciales por medio de dádivas y creación de redes de abogados. 

Los casos se fueron profundizando hasta 2019 y mientras más se indagaba, la CICIG ganaba cada vez enemigos más poderosos que invirtieron en cabildeos en Estados Unidos y en campañas de comunicación contra muchos de los integrantes de la Comisión. El punto culminante fue demostrar el ciclo del financiamiento electoral ilícito, un delito que nunca había sido juzgado, que demostraba cómo las grandes empresas financiaban las campañas políticas -usualmente a varios partidos- con miras a obtener  contratos, nombrar funcionarios, y otras actividades irregulares, para mantener el derecho de picaporte con los jefes de los organismos del Estado, generando influencia en las políticas públicas del país. Esto fue tan fuerte que produjo que los miembros de la élite económica Felipe Bosch, José Miguel Torrebiarte, Herbet González, Guillermo Castillo, Fraterno Vila, Salvador Paiz y Stefan Olivero en 2018 pidieran perdón al pueblo por haber financiado ilegalmente al presidente Jimmy Morales. 

Las investigaciones alcanzaron a gran parte de las instituciones públicas y muchas privadas, incluyendo entre la lista a   G&T Continental, Banrural y Banco de los Trabajadores junto con  medios de comunicación como el Grupo Albavisión, cuyo dueño es  el mexicano Ángel González Así quedó  al desnudo el sistema político y económico al servicio de la corrupción y la ilegalidad. Por supuesto, estos casos generaron una reacción furibunda y la forma de detener la lucha contra la corrupción ha avanzado cooptando las instituciones: expulsaron a la CICIG del país, capturaron el Ministerio Público, las cortes, atacan a jueces y fiscales honestos, criminalizan a los medios y a la sociedad civil. El último hecho relevante, ocurrido el 23 de julio, fue la destitución ilegal del fiscal Juan Francisco Sandoval, quien dirigía la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, la que tenía a cargo de los casos de la CICIG. 

Esto supone un parteaguas ya que implica que todos los casos de alguna forma se detendrían. La fiscal general actual Consuelo Porras, (quien le siguió a la fiscal independiente Thelma Aldana, asilada en Estados Unidos porque le montaron un caso y había un plan para asesinarla) es parte de las redes de impunidad y se encuentra protegiendo al actual presidente Alejandro Giammattei, quien aparece en algunas investigaciones de corrupción. Ella busca, a su vez, que este  la reelija por otros cuatro años porque el próximo año debe darse la elección del fiscal general. Sandoval tuvo que salir del país por temor a su vida y ante la posibilidad de que le inventaran alguna acusación. Estos hechos muestran que evidenciar la corrupción puede crear conciencia en la población y activarla -miles de personas han salido en varias jornadas en defensa de Sandoval- pero las estructuras criminales se van a defender con las uñas y dientes, y usarán su poder que reside en buena medida en el control de las instituciones del Estado y en la cantidad de dinero ilegal que obtienen para comprar voluntades.

Bibliografía citada

Ballesteros, Irma Eréndira Sandoval. 2016. ‘Enfoque de la corrupción estructural: poder, impunidad y voz ciudadana’. Revista Mexicana de sociología 78 (1): 119–52.

CICIG. 2019. ‘GUATEMALA: UN ESTADO CAPTURADO’. Informe Temático. Guatemala: CICIG.

Dassah, Maurice O. 2018. ‘Theoretical Analysis of State Capture and Its Manifestation as a Governance Problem in South Africa’. The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa 14 (1): e1–10.

Fazekas, Mihály and István János Tóth. 2016. ‘From Corruption to State Capture: A New Analytical Framework with Empirical Applications from Hungary’. Political Research Quarterly 69 (2): 320–34.

Garay Salamanca, Luis Jorge, ed. La captura y reconfiguración cooptada del estado en Colombia. 1. ed. Bogotá: Método : Avina : Corporación Transparencia por Colombia, 2008.

Hellman, Joel S, Geraint Jones, and Daniel Kaufmann. 2003. ‘Seize the State, Seize the Day: State Capture and Influence in Transition Economies’. Journal of Comparative Economics 31 (4): 751–73.

Otros escritos