Compartir:

Escrito por

MP11-02.png

Jacqueline Cruz (El Salvador, 1996). Abogada, investigadora en Derechos Humanos. Actualmente cursando la maestría en Administración Pública de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

MP11-01.png

Compartir:

Acceso a la justicia y violencia contra las mujeres en El Salvador

Jacqueline Cruz

23 Mar 2021 

En El Salvador a diario se registran diversas violaciones a los derechos humanos. Estas no afectan a todas las personas por igual: existe un impacto diferenciado y acentuado para las mujeres. No obstante, el discurso oficial minimiza la violencia contra la mujer a cifras de feminicidio –la forma más grave de vulneración, pero no la única-, tal como quedó evidenciado el 04 de junio de 2020, el presidente  de la República señalaba en cadena nacional: "Las mujeres están 61 % más seguras en este gobierno de lo que estaban en el gobierno anterior"[1]. Disminución atribuida a la efectividad del Plan Control Territorial –plan que no se ha hecho público, dificultando el escrutinio de la ciudadanía- como garantía de seguridad pública para las mujeres. 

De acuerdo a estadísticas de la Policía Nacional Civil en el 2020 se registraron 5,769 mujeres víctimas de delitos sexuales y delitos regulados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). La mayor cantidad de víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres, en el rango etario de 0-14 años: 1,487 y en el de 15-17: 1,310 víctimas. Entre los delitos, destaca: expresiones de violencia contra la mujer: 1,638; violación en menor e incapaz: 798; estupro: 734; violación: 572 y agresión sexual en menor e incapaz: 556[2].

En este sentido, el Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres daba cuenta que de enero a septiembre 2020 el Instituto de Medicina Legal (IML) reportó: 1,185 víctimas de violencia sexual en El Salvador. De estas, el 91% fueron mujeres y el 73.9% de estos reconocimientos correspondieron a niñas y adolescentes[3]. Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos de la UCA señalaba que de enero a agosto la Fiscalía General de la República registró un total de 2,391 víctimas de delitos sexuales, siendo los principales delitos: estupro: 494, acoso sexual: 438 y violación en menor o incapaz: 431[4].

Las cifras anteriores nos permiten tener una aproximación a la violencia que sufren las mujeres. No obstante, deben ser analizadas en su justa medida, ya que solo hacen referencia a las denuncias realizadas, una limitante para conocer la real dimensión de la problemática; si se considera la “cifra negra”: aquellas mujeres que nunca denunciaron la vulneración. 

En esta línea, se puede mencionar el caso de los datos sobre embarazos en niñas y adolescentes. Cifras oficiales del Ministerio de Salud señalan que de enero a diciembre de 2020 se registraron: en el rango etario de 10 a 14 años: 494 embarazadas y de 15 a 19 años: 12, 287[5]. Esta información no se vincula a denuncias registradas o procesos judiciales iniciados, pero sí dan cuenta de la violencia sexual a la que se enfrenta la niñez y adolescencia en el país, y la situación de desprotección e impunidad por parte del Estado.

 
 
 
 
 
MP11-03.png

Por otro lado, es importante hacer referencia a la violencia intrafamiliar, la cual afecta desproporcionadamente a las mujeres. De acuerdo a información oficial de la Fiscalía General de la República se registraron 1,188 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar durante el 2020, siendo los principales rangos etarios: 18-30 años: 355 y 31-40: 337[6]. Cabe señalar que el contexto de pandemia y la medida de confinamiento obligatorio dejaron  en evidencia el ambiente de vulneración que las mujeres, niñas y adolescentes sufren al interior de sus hogares. Pese a la disminución de denuncias en instituciones públicas, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron el aumento significativo de la violencia. Por su parte, la estrategia gubernamental de prevención y contención del COVID-19 careció de perspectiva de género, lo que  colocó en una situación de especial vulnerabilidad a las víctimas.

En efecto, ante el panorama de violencia y discriminación, la respuesta estatal a las vulneraciones más recurrentes contra las mujeres  no ha sido efectiva. Dentro de los desafíos de la administración de justicia, se encuentra el colapso de la jurisdicción especializada para una vida libre de violencia para las mujeres. Pese a las elevadas cifras de violencia registradas, en el 2016 con la creación de dicha jurisdicción especializada, sólo se establecieron tres juzgados de instrucción y tres de sentencia, a nivel nacional. Como era de esperarse, el congestionamiento del sistema impactó en la tramitación de los procesos, la calidad de los servicios, y en términos generales, el acceso a la justicia de las víctimas. En este contexto, tuvieron que pasar casi cuatro años para la creación de dos juzgados más de instrucción. Medida positiva, pero insuficiente a la luz de las denuncias.

Es importante destacar que la justicia es un derecho, que para el caso de la administración de justicia se materializa mediante la prestación de un servicio. Este debe ser de calidad para responder adecuadamente a las expectativas de la ciudadanía, en general. De ninguna manera, puede estar supeditado al género de la persona. Por lo que es necesario se genere el fortalecimiento institucional que permita avanzar hasta que el acceso a la justicia sea un derecho efectivo, sin distinción ni discriminación.

Asimismo, es preciso decir que garantizar una sociedad libre de violencia contra la mujer no sólo compete a las instituciones encargadas de la investigación, persecución y sanción del delito. Los tres órganos del Estado tienen obligaciones en esta materia. Por lo que se deben generar políticas públicas con enfoque de género que permitan un abordaje integral y oportuno de las diversas vulneraciones que tanto aquejan a las mujeres salvadoreñas. De manera tal, que incluso se avance a “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres” basados en la premisa de inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados que legitiman  o exacerban la violencia contra la mujer, de acuerdo a la Convención Belém do Pará.

 

Notas

 [1 Karen Moreno, “Feminicidios bajan, pero mujeres no están "61 % más seguras" como dice Bukele”, Revista GatoEncerrado, 06 de junio de 2020, https://gatoencerrado.news/2020/06/06/feminicidios-bajan-pero-mujeres-no-estan-61-como-dice-bukele/

 [2 Policía Nacional Civil, Analizador avanzado, https://estadistica.pnc.gob.sv:8443/pentaho/Home?locale=es 

 [3] Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres, Estadísticas violencia sexual, https://www.observatorioseguridadciudadanadelasmujeres.org/documentos/VS%20y%20Seguridad%20ciudadana.pdf 

 [4]  Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, Boletín trimestral julio-septiembre 2020, https://drive.google.com/file/d/1tLVY6f7Bx8T8yyBU23zVkem3jonVJk-9/view 

 [5]  Ministerio de Salud, Embarazadas en departamentos y por grupos de edad atendidas en la Red de Establecimientos de Salud del MINSAL período de enero a diciembre de 2020, https://www.transparencia.gob.sv/institutions/h-maternidad/documents/408078/download 

 [6]  Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República, Resolución referencia: 23-UAIP-FGR-2021, 02 de febrero de 2021. 

 
 
 
 
 
 

Otros escritos