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Gabriela Blen (Tegucigalpa, Honduras 1988), Directora ejecutiva Organización Ayudamos Honduras (OAH), ex dirigente Movimiento Social Indignados, ex directora nacional juventud Partido Anticorrupción, ex candidata a diputada por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, productora de audiovisuales, cursó estudios de derecho y sociología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Álvaro Montenegro (Ciudad de Guatemala, 1988). Periodista y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Participa en los movimientos JusticiaYa y la plataforma Alianza por las Reformas, desde donde se busca impulsar la lucha contra la impunidad en Guatemala y en la región.

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Guatemala y Honduras contra la corrupción

Gabriela Blen  /  Álvaro Montenegro

8 Ene 2021 

Nuestros pueblos, en Honduras y en Guatemala, están cansados de tanta injusticia. Llevamos, al menos, cinco años manifestando por ratos más por ratos menos, pero no nos hemos detenido. Se han logrado no pocas cosas. En 2015, salimos a las calles masivamente durante todo el año. En Guatemala pedíamos la renuncia del presidente Otto Pérez, que se logró, en buena medida gracias a la independencia del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quienes sacaron decenas de casos donde implicanna altos funcionarios de ese gobierno, incluyendo al presidente. Por otra parte, en Honduras, también salimos a pedir una comisión parecida, que se logró para 2016; la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y desde entonces comenzaron a destaparse redes de corrupción sin precedentes, investigaciones contra altos funcionarios que, hasta entonces, se creían intocables, como una ex primera dama, diputados y exdiputados, ministros y grandes empresarios.

La estrategia de los presidentes, Juan Orlando Hernández, en Honduras y Jimmy Morales, en Guatemala, fue básicamente la misma: atacar a quienes trabajaban en las misiones internacionales y a sus aliados, líderes de sociedad civil, periodistas, fiscales, operadores de justicia. Las acciones no se quedaron a lo interno del país, sino que se desarrolló un cabildeo millonario en Estados Unidos para propagar desinformación con el fin de que la administración de Donald Trump le retirara los apoyos a la MACCIH y a la CICIG. Y lo lograron por medio de firmar acuerdos migratorios que perjudicaban a nuestros países pero que servían a la causa antimigratoria de Trump, vendiendo la firma de estos tratados como un logro fundamental. 

El gobierno estadounidense le dio preeminencia a su relación con los gobiernos sobre la lucha contra la corrupción, por lo que a cambio de las firmas de los presidentes Hernández y Morales, retiró los apoyos políticos a las comisiones internacionales.  La CICIG dejó el país en septiembre de 2019 y la MACCIH en enero de 2020. Desde entonces el sistema de justicia ha venido en picada. En Guatemala el Congreso se ha negado a elegir nuevas cortes y desde los tres poderes se ha emprendido una cruzada descarada contra los fiscales y jueces independientes. La nueva Fiscal General busca debilitar a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (la que lleva los casos de la CICIG) al retirarle casos y no darles insumos ni personal para que trabajen. También se mantiene una presión contra la Corte de Constitucionalidad, que es el único bastión imparcial que no se ha plegado a la corrupción. 

En Honduras, el congreso nacional ha construido un andamiaje que blinda la impunidad y legaliza la corrupción, mediante leyes que transfieren o restan facultades al Ministerio Público. La UFERCO, que antes era UFECIC y brazo que ejercía la acción penal pública por la MACCIH, desde la salida de ésta, ha sido debilitada sistemáticamente, los recursos económicos y humanos restringidos. El Fiscal General ha brillado por su ausencia, lo que impide a la cooperación internacional apoyar a la UFERCO que, según palabras de su director, se encuentra colapsada. La Corte Suprema ha ordenado repetir juicios y liberar a condenados por corrupción que la MACCIH - UFECIC habían logrado judicializar, además de la aprobación del Código penal de la Impunidad en plena pandemia.

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En ambos países se ha retrocedido en áreas como la libertad de prensa, acoso a activistas y en acciones judiciales para aumentar la criminalización. La represión a las manifestaciones ha sido un punto en común debido a la intolerancia de los presidentes. Giammattei invitó a la OEA por medio de la carta democrática para bajar la espuma y muchas organizaciones no se quisieron prestar a ese juego y declinaron las reuniones con los delegados. Esta situación ya ocurrió en Honduras cuando durante las protestas posteriores al fraude electoral del 2017, el gobierno que usurpa el poder convocó a un diálogo con los diferentes sectores políticos y sociales buscando apagar la indignación de la población en las calles.

Esta crisis que se ha profundizado desde 2015 está llegando a un nuevo pico. La pandemia que ha golpeado al mundo entero ha afectado particularmente a los países pobres, como los nuestros, con desempleo, falta de oportunidades y con sistemas de salud precarios y saqueados por la misma corrupción. Encima, las últimas dos tormentas, ETA y IOTA , han dejado pérdidas humanas, así como de cultivos, infraestructura y a muchas personas aisladas por la destrucción de caminos. En estos momentos, ante la falta de respuestas de los gobiernos, cuyo único fin es mantener privilegios espurios e ilegales, han saltado nuevas manifestaciones. En Guatemala, el 21 y 28 de noviembre y en Honduras desde el último sábado 28. Se hizo desde 19 organizaciones de ambos países una convocatoria a manifestar para ese día.

Esperamos que estas movilizaciones continúen y desde enfoques más profundos pues la corrupción es solamente un síntoma de los Estados fallidos que impiden un verdadero desarrollo y la resolución de los problemas sociales. La fuerza de la ciudadanía es imprescindible para lograr cambios, y se ha demostrado que la unión desde la indignación puede empujar al sistema a que ceda espacios para transformarlo. 

Nuestros países viven tiempos complicados y necesitan de sus habitantes para salir del bache en el que nos encontramos para lograr nuevos pactos sociales, acuerdos inclusivos que impidan que las mismas redes de corrupción sigan gobernando una y otra vez. La comunidad internacional puede apoyar en ese sentido, dándose cuenta de que los enfoques de una política migratoria criminalizadora empeoran las situaciones y no resuelven estos problemas. Pueden apoyar acompañando estos procesos que pretenden atacar los males desde la raíz tratando a la enfermedad y no a los síntomas, y sobre todo, sin apañar a los gobiernos criminales que expulsan a su población asfixiándoles en la desesperanza y la ignominia.

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