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Escrito por

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Ayelén Correa Ruau (Buenos Aires, 1986) Licenciada en Comunicación Social y Diplomada en DD.HH. de los Pueblos Originarios. Ha trabajado como docente universitaria, investigadora, redactora, documentalista y radialista en Argentina, Venezuela, Chile y Colombia. Integra diversas experiencias de comunicación alternativa en Latinoamérica y es candidata a Doctora en Comunicación Social de la UNLP (Universidad Nacional de La Plata) en Argentina.

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Colombia: crónica de una resistencia 

Ayelén Correa Ruau

31  May 2021 

I

Es el segundo país en biodiversidad del mundo, allí sobreviven a la colonización negritudes y 115 pueblos originarios; es la nación más desigual de la región en cuanto a distribución de la tierra, el mayor productor internacional de cocaína y el único socio global de la OTAN[1] en Latinoamérica. Es allí donde más de un centenar de ciudades se encuentran en movilización permanente desde el 28 de abril, en contra del proyecto neoliberal del gobierno uribista de Iván Duque; la respuesta represiva ya asesinó a más de 50 personas. Este es un acercamiento al escenario actual del Estado que tiene en su territorio la mayor cantidad de bases militares estadounidenses.

 

Las causas de la protesta social en Colombia son ampliamente conocidas, les manifestantes expresan en filmaciones personales, posteos en redes sociales y declaraciones a la prensa no hegemónica por qué a pesar de la cruenta represión estatal se mantienen en las calles. Aunque la convocatoria al paro del 28 fue en rechazo del llamado paquetazo del presidente Duque, que incluía una reforma tributaria y a la salud pública, las exigencias de la población movilizada se extienden a una transformación profunda de las relaciones sociales. Al mismo tiempo, el paro demuestra que la violencia estructural en Colombia crece día a día.

 

¿De qué violencia hablamos?

 

A menudo, cuando se piensa en esto, se imaginan los altos índices de delito o las acciones de grupos irregulares. La industria cultural a través de telenovelas y películas exotiza también la violencia asociada al narcotráfico en Colombia, tanto así que la tendencia se ha dado en llamar “narconovelas”. Pero cuando se indaga en las condiciones estructurantes de vida de la población, asistimos a una comprensión de la violencia en otro sentido: según el DANE[2, en 2020 la pobreza monetaria a nivel nacional fue 42,5%; la tasa de desempleo para el mes de marzo de 2021 fue 14,2%[3 y casi un 37 % de la población no tiene acceso a internet en sus hogares[4 para recibir educación virtual en tiempos de pandemia.

 

El 30,4% de la población vive en la ruralidad, pero solamente el 0,4% concentra la propiedad de casi la mitad de la tierra en Colombia[5. Por si fuera poco, el campesinado también es empobrecido de manera intencional, debido a que el 75,8% no recibió nunca asistencia técnica y el 71,5% manifestó no tener infraestructura para el desarrollo de las actividades agropecuarias[6]. Alexander Sánchez, líder campesino del suroeste del país e integrante de la Mesa Regional de Organizaciones (MEROS[7]) explica: “El  pueblo se está movilizando contra todas las injusticias, en contra de la fumigación, en contra de la erradicación forzosa y la falta de cumplimiento del acuerdo  de paz ”. Es que el 84,7% del territorio colombiano está conformado por municipios que están en las categorías de ruralidad y el reclamo campesino por una reforma rural integral posee larga data. 

 

La espiral de la violencia

 

Según el registro[8] de agresiones de INDEPAZ[9], para 2021 se produjeron 57 asesinatos a líderes, lideresas y defensores de DD.HH[10]., 33 masacres y la muerte de 23 firmantes del acuerdo  de paz. En sólo cuatro meses es posible observar que la violencia en Colombia ataca a quienes persiguen el buen vivir.

 

Desde el 28 de abril hasta el 23 de mayo y en el marco del paro, según datos cruzados de distintas organizaciones de DD.HH., 58 personas fueron asesinadas por efectivos del ESMAD, policía y civiles. El uso de personas de civil, por parte de la fuerza pública que dispara y reprime a manifestantes, es ampliamente conocido dentro del país para evitar responsabilidades frente a la violación de los derechos fundamentales de quienes están en las calles protestando. De acuerdo al reconocimiento oficial, suman 129 las personas desaparecidas en el marco del paro.[11] Aunque las organizaciones sociales reportan más de 300.

 

La violencia sexual, tortura y detenciones arbitrarias también se sumaron al paro. Según la ONG Temblores entre el 28 de abril y el 18 de mayo se registraron[12] 27 denuncias de hechos de violencia sexual y de género cometidos presuntamente por miembros de la policía. Una joven de 17 años de la ciudad de Popayán tuvo que quitarse la vida luego de que cuatro policías antidisturbios abusaron  de ella.

 

Apenas iniciado el paro, el 30 de abril, el senador por el Centro Democrático y expresidente  de extrema derecha, Álvaro Uribe Vélez, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde arengaba a la población a dar apoyo a la fuerza pública para reprimir la protesta con el uso de armas. La red social censuró la publicación durante el mismo día[13]. Sin embargo, la declaración del expresidente  y promotor del paramilitarismo no causa sorpresa, más aun, los comentarios de apoyo y crítica en la red social evidencian la polarización política existente en el país.

 

El 13 de mayo, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, junto a organizaciones sociales, presentaron ante la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas una denuncia por crímenes de lesa humanidad en contra del Estado colombiano, allí recogen más de 1.500 situaciones de violencia en contra de las personas que ejercen el derecho a la protesta social durante el paro. Durante la semana del 24 de mayo la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, rechazó la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde el 14 propuso una misión al país.

 

La violencia en el país más desigual del continente cumple un siglo de opresión en manos de los poderosos que detentan la tierra, el trabajo y la educación para su élite. Como versaba un cartel en las calles: “Colombia no es un país, es una finca con bandera”. Cuando el campesinado trabajador de la compañía bananera estadounidense United Fruit Company realizó en 1928 la huelga histórica de 25 mil personas, el Ejército colombiano intervino en defensa de los intereses de la empresa y acribilló a quienes protestaban. La historiografía de Gabriel García Márquez en la novela Cien años de soledad y la memoria necia del pueblo han permitido que este suceso no caiga en el olvido. Un siglo de represión e impunidad: ¿Cómo se llega hasta el presente?

 

En 1948 fue asesinado el candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, un referente popular que representaba la opción para la clase desposeída en el campo y la ciudad. El atentado despertó la ira y movilización social en lo que la historia nombra hoy como Bogotazo. Durante esos años, grupos insurgentes se enfrentaron a la violencia de los conservadores, hasta que se creó una concertación entre liberales y conservadores (Frente Nacional) para perseguir a los liberales radicales. Así, para 1960 el líder histórico de las FARC-EP[14], Manuel Marulanda Vélez alias “Tirofijo”, fundaba la República de Marquetalia en las montañas de Colombia.

 

Mientras la guerrilla estaba en el monte, la violencia oligárquica en las ciudades se encargó de perseguir y asesinar a liderazgos de izquierda, con impronta alternativa o popular, como sucedió con el genocidio a la militancia de la Unión Patriótica a partir de 1984.[15] Los años 80 y 90 fueron años de consolidación de las FARC como una organización armada para obtener el poder del Estado y hacer la demorada Reforma Integral Agraria, contando con el apoyo del campesinado históricamente negado y una gran participación de la juventud. Frente a la amenaza guerrillera, empresarios y políticos se unieron para crear las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada conocidas como las Convivir, en 1994, que pasaron a ser grupos paramilitares que asesinaban a cualquier persona con la excusa  de la “limpieza social”, promovidas por Álvaro Uribe Vélez[16], por entonces gobernador de Antioquia, donde implementó el modelo al pie de la letra y lo extendió como política nacional cuando ejerció como presidente de la república (2002-2010). 

Durante los años que gobernó Uribe, institucionalizó la matanza, creando los “falsos positivos”, que consisten  en el asesinato de campesinos por parte del Ejército presentándolos luego como “guerrilleros”, para aumentar las cifras del control sobre la guerrilla. La Comisión de la Verdad, creada después del acuerdo de paz  entregó la cifra de 6.402 posibles falsos positivos, pero esta puede sobrepasar los diez mil. Existen numerosos trabajos documentales y denuncias nacionales e internacionales sobre la participación de Uribe Vélez en el asesinato sistemático a militantes sociales, el narcotráfico y en la apropiación de tierras, pero hasta la fecha reina la impunidad.

 

Un paro con historia

 

Aún, luego de que el actual presidente Iván Duque informara el retiro de la reforma tributaria, con la renuncia del ministro de Hacienda, la caída del proyecto de ley sobre la salud y algunas promesas vacías, la movilización popular continúa demostrando su indiscutible legitimidad. Es que no se trata de acciones aisladas sino de reclamos actuales que exigen mejor calidad de vida, un alto a la violencia estatal y paramilitar y el cumplimiento del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla más antigua del continente, FARC-EP.[17]

 

En noviembre de 2019, en distintas ciudades colombianas, se realizó un paro indefinido en rechazo al asesinato de liderazgos sociales y exguerrilleros, al cumplirse tres años de la firma del acuerdo de paz, donde también se estaba dando un contexto regional de paro indígena y social en Ecuador y de revuelta popular en Chile. Como ahora, en el paro de 2019 en Colombia el despliegue del ESMAD[18] reprimió la protesta social.

 

Durante el 2020, con la pandemia del Covid-19 arrasando la economía popular y los hogares de las familias trabajadoras, tomó fuerza la propuesta de una renta básica universal[19], “un ingreso monetario al que toda persona tiene derecho, independientemente de su condición económica, física, mental, racial o sexual”, explican en su sitio web las organizaciones impulsoras de la campaña. “Renta Básica Ya” aglutina a cerca de 150 organizaciones, quienes presentaron iniciativas legislativas en el 2020 y es aún una de las exigencias en las calles en estos momentos.

 

En septiembre de 2020 la policía asesinó a Javier Ordóñez, tras una violenta detención en Bogotá por violar la cuarentena. El video de la brutalidad de los efectivos se viralizó en internet y centenares de personas salieron a las calles para denunciar la violencia de las fuerzas del Estado contra los civiles. La respuesta fue más muerte, porque durante los días de protesta ocho personas fueron asesinadas y un centenar resultaron heridas.

 

Estos son los antecedentes más cercanos del paro que inició el 28 de abril y está próximo a cumplir un mes, con participación multisectorial y con población autoconvocada  que no se identifica con organizaciones, sindicatos ni partidos políticos, pero que en sus cuerpos siente el hastío por el gobierno de la pobreza y la muerte. 


Cabe destacar que según una encuesta del DANE[20] el 41,1 % de la población manifestó no haber votado en las elecciones presidenciales que en octubre de 2018 dejaron a Iván Duque, representante del partido uribista Centro Democrático, como presidente de la república. Es decir, que cerca de la mitad del electorado no se encuentra interesado ni representado en este gobierno, que en 2022 enfrentará un nuevo proceso electoral.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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El Acuerdo de Paz, la traición del siglo XXI

 

El 16 de mayo comenzaron reuniones entre el gobierno y el Comité Nacional del Paro, este último representa a casi 30 sectores, quienes entre otras cosas, exigen el alto a la represión estatal y la garantía del derecho a la protesta. Pero el presidente Duque sigue militarizando ciudades, disparando y matando sin tregua, como es posible identificar en miles de videos reproducidos por medios alternativos y ciudadanos, demostrando así que nada se ha podido acordar.

 

Es que el movimiento popular en Colombia está acostumbrado a vivir brincando los acuerdos minados de mentiras.

 

Ya suman cinco los acuerdos de paz ultrajados por la élite narcolatifundista que gobierna Colombia. Los primeros que fracasaron fueron los “Acuerdos de la Uribe-Meta” (1984), después los diálogos de Tlaxcala (México, 1992), que se habían iniciado en Venezuela un año antes. Más tarde, entre 1998 y 2002 se dio el proceso de negociación de San Vicente del Caguán. Y en 2012 se dieron los diálogos para la firma del Acuerdo de Paz de la Habana (2016).

Este último acuerdo[21] incluyó el desarme total de casi 7.000 de la guerrilla más antigua de Latinoamérica, las FARC-EP y el tránsito a la vida civil de esta fuerza política. Pero sobre todo, implicaba  una redistribución de la tierra en beneficio del campesinado, una alternativa productiva al cultivo de la hoja de coca y el alto a la violencia y la militarización de los territorios. Nada de eso se cumplió[22], por el contrario, la violencia se ha recrudecido con asesinatos selectivos y disputas por el control territorial para negocios ilícitos.

 

El campesinado quedó atrapado entre los grupos irregulares que gestionan el negocio del narcotráfico y el incumplimiento del programa de sustitución de cultivos, que iba a permitir el desarrollo agrario y social. “Si hay plata para fumigar, para pagar erradicadores, para implementar más fuerza pública, por qué no hay plata para cumplirle a las familias que se acogieron al PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) y para los proyectos del Proceso de Paz”, se pregunta el campesino y líder social Alexander Sánchez.

 

Y como con la novela Cien años de Soledad, las historias se repiten y reviven, así como alias “Tirofijo” tuvo que regresar a la guerrilla luego de la alianza contrarrevolucionaria del Frente Nacional en 1960. Así mismo, en 2019, tres miembros del Secretariado de las antiguas FARC – EP y protagonistas en los diálogos de La Habana para el acuerdo de paz, anunciaron[23] desde la selva colombiana que volvían a las armas para defenderse de la violencia del Estado: alias Jesús Santrich, alias El Paisa y alias Iván Márquez, quienes refundaron lo que ellos llamarían la Segunda Marquetalia.[24]

 

En este contexto, el gobierno colombiano no es de fiar para ningún acuerdo y es difícil creer que el Comité Nacional del Paro acceda por simples promesas y métodos de coerción gastados. Mientras avanza en el calendario la duración del paro, también los modos de organización para hacer sostenible la protesta y no ceder ante la violencia institucional desatada.




II

La movilización va por todo lo que deba ser cambiado

 

El tamaño de la oligarquía colombiana

 

De acuerdo a un estudio[25] realizado por OXFAM[26] en el 2017, en base al Censo Agropecuario presentado por el DANE, la concentración de grandes tierras en pocas manos comenzó a aumentar desde 1970, pasando de ocupar 5 millones de hectáreas a 47 millones en 2014. En el informe titulado Radiografía de la Desigualdad, critican al estudio oficial por no cuantificar la cantidad de campesinado desposeído de tierras y subrayan que el latifundio no para de crecer. El supuesto uso de la tierra para ganadería duplica el proyectado y en la actualidad una vaca posee más territorio que una campesina colombiana.

 

Desde el inicio del conflicto armado en Colombia, en los años 50 del siglo XX, la existencia de los grupos insurgentes en montañas y selvas funcionó como excusa perfecta para perseguir y hostigar al campesinado. El despliegue de fuerza policial y militar en los territorios ha trastocado las subjetividades campesinas y la militarización de los departamentos de Cauca, Antioquia y Norte de Santander forma parte del paisaje de la violencia.

 

La cuestión indígena: la estrategia de la minga

 

Los territorios indígenas en Colombia cubren un área aproximada de 30 millones de hectáreas, ocupando actualmente los departamentos de Amazonas, Cauca, La Guajira, Guaviare y Vaupés. El Estado colombiano ha suscrito el Convenio 169 de la OIT[27] que reconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas, el derecho al gobierno propio y la consulta previa, libre e informada. Además de sus diferentes formas de organizarse y representarse, poseen mecanismos de articulación nacional como la Organización Nacional Indígena (ONIC) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), entre otros.

 

Desde el año 2008, realizan las llamadas Minga, una palabra de origen quechua (mink'a) que representa el trabajo colectivo y comunitario, al que se recurre para resguardar y proteger el territorio, la vida y demostrar solidaridad. Días antes de la convocatoria al paro del 28 de abril de este año, el movimiento indígena a través de la ONIC había convocado a una minga hacia adentro, luego de que el 20 de abril asesinaran a la gobernadora Sandra Liliana Peña Chocue, del resguardo indígena La Laguna en Siberia, territorio ancestral Sa’th Tama Kiwe en Cauca. Con esta gobernadora, sumaron 52 liderazgos sociales y campesinos asesinados en el primer semestre de 2021 y 1.166 víctimas desde la firma del acuerdo de paz  en noviembre de 2016.

Diana Mery Jembuel Morales, mujer comunicadora indígena misak asegura que: “son estrategias que tienen para despojarnos, asesinarnos y desaparecernos como pueblos ancestrales” y reafirma que en Colombia no se respeta la consulta previa con participación de las autoridades territoriales de cada pueblo.

 

Desde el inicio del paro nacional, el movimiento indígena se encuentra en Minga, participando activamente. Ha sido víctima de ataques de grupos paraestatales así como del uso del dispositivo de infiltración de personas armadas para justificar la represión.

 

Cabe señalar que este es un paro decolonial, porque desde su inicio y en distintos territorios del país, les manifestantes tumbaron, quemaron e intervinieron estatuas y monumentos de colonizadores e independentistas criollos. Hasta Simón Bolívar fue sacudido en una larga lista que integran Francisco de Paula Santander, Sebastián de Belalcázar, Antonio Nariño, Misael Pastrana Borrero, Gilberto Alzate Avendaño – Manizales, Julio Arboleda Pombo y Gonzalo Jiménez de Quesada.

 

El fútbol y la prensa también son manifestantes

 

Frente a los manotazos de ahogado del gobierno, que no tuvieron eco en les manifestantes, intentó usarse al fútbol como bomba de humo para entretener a las masas y quitar el foco internacional sobre el paro indefinido. Entonces el 12 de mayo se jugó en la ciudad de Barranquilla el partido de la Copa Libertadores de América entre el colombiano Junior y el argentino River Plate, pero debido a los gases lacrimógenos que llegaban de la represión a las afueras  del estadio, el juego tuvo que suspenderse varias veces, porque la afectación en los ojos de futbolistas y equipo técnico no les permitía seguir.

 

Esa misma noche, integrantes de ACOLFUTPRO (Asociación colombiana de futbolistas profesionales) opinaron sobre el paro[28]: “Como ciudadanos, antes que futbolistas, queremos manifestar nuestro total apoyo al clamor expresado por el pueblo colombiano en su protesta y nos unimos a esas voces que piden un país más justo, equitativo e inclusivo, en el que se nos garanticen a todos, sin distinción, las condiciones mínimas para vivir con dignidad”. El 20 de mayo se anunció que Colombia no será sede de la Copa América.

 

Durante el paro tampoco se ha respetado a la prensa, fuente vital y legítima para cubrir los hechos que importan a la sociedad colombiana e internacional. “Con el tema de la libertad de expresión, entra la censura como los cortes de internet que se están haciendo, que son supuestas fallas de los operadores pero realmente son cortes de internet intencionados en lugares donde la cosa está complicada en términos de violencia policial, más que todo en las noches”, explica Natalia Duque, editora de Colombia Informa, medio atacado en Bogotá mientras realizaba cobertura del paro en las calles.[29]

 

El 13 de mayo en el sur de la ciudad de Cali, el reportero David Escobar fue víctima de persecución, amenazas y robo de grabaciones y todo su equipo. Se presume que policía y personal de civil trabajaron de manera articulada para esta violación a la libertad de expresión, porque agentes policiales le prohibieron hacer grabaciones mientras se encontraba en las calles y en la noche hombres armados y vestidos de civil fueron al hotel donde se hospedaba y le robaron todo bajo amenaza.[30] Cuando no se puede acallar el clamor de la gente ni con sangre, se recurren a artimañas y espectáculos para negar ese grito colectivo, y aún en esa confusión llegan como susurros los mensajes de digna lucha al resto del globo.

 

Es difícil escribir sobre hechos que se están sucediendo, y al mismo tiempo es gratificante abrir la polifonía para dejar testimonio de las creaciones populares. Al fin y al cabo, quienes protestan hoy en Colombia están contando al mundo y a la historia las razones por las que se mueve el deseo de la libertad. El deseo más antiguo y genuino, el que jamás se apaga ni se va a dormir, el que siempre vuelve a comenzar hasta encontrarse con su destino: el buen vivir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas
[1 Organización del Tratado del Atlántico Norte, por sus siglas en inglés.
[2]  Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
[3] Información actualizada al 29 de abril de 2021.
[4] Información actualizada al mes de agosto de 2020.
[5]  Ver documento sobre ruralidad en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/2015ago6%20Documento%20de%20Ruralidad%20-%20DDRS-MTC.pdf
[6] Censo Agropecuario 2014 (después de 45 años de no generar información al respecto). Ver resultados completos: https://www.dane.gov.co/files/images/foros/foro-de-entrega-de-resultados-y-cierre-3-censo-nacional-agropecuario/CNATomo2-Resultados.pdf
[7]  Mesa Regional de Organizaciones Sociales, Indígenas, Campesinas y Afros del Putumayo, Baja Bota Caucana y Jardínes de Sucumbíos
[8]   Fecha de corte 29 de abril de 2021, un día después de comenzado el paro. 
[9] Instituto de estudios para el desarrollo y la paz www.indepaz.org.co
[10]  Ver http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/
[11]  Se puede ver el informe presentado el 14 de mayo por el Equipo Desaparición Forzada de la organización Human Rights Everywhere: https://bit.ly/3eMdj4H
[12]  Ver https://twitter.com/TembloresOng/status/1395211413048676352?s=20
[13]  Ver más en: https://confidencialcolombia.com/lo-mas-confidencial/guerra-en-twitter-por-el-tuit-censurado-a-alvaro-uribe/2021/04/30/
[14]  Para conocer sobre la historia de las FARC-EP se puede ver el documental “50 años de monte”: https://www.youtube.com/watch?v=CeXoZogCq8c&t=843s
[15]  Se estima que entre esos años se asesinaron más de 3 mil simpatizantes de la UP, entre ellos dos candidatos presidenciales. El Estado colombiano fue demandado en 1993 por genocidio político ante la Corte Interamericana de DD.HH. por estos hechos, dicha demanda fue aceptada recién en 1997.
[16]  Para una historia detallada de la violencia de la elite colombiana y el rol de Uribe Vélez en el asesinato sistemático de líderes sociales y civiles se puede ver:
- La serie documental “Matarife, un genocida innombrable” (2020) https://www.youtube.com/watch?v=TG2K_YG35iQ
-El documental Impunity (2010): https://www.youtube.com/watch?v=hLJGwGXTRTQ
[17]  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército de Colombia.
[18]  Escuadrón Móvil Antidisturbios
[19https://rentabasicaya.com
[20]  Realizada en noviembre de 2019.
[21]  Punto 1“Reforma Rural Integral”; 2 “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”; 3 “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”; 4 “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”; 5 “Víctimas” y 6 “Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final”. Ver Acuerdo Definitivo: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
[22]  Para una lectura sobre el incumplimiento del acuerdo de 2016 se puede ver este articulo al cumplirse 3 años de la firma: https://socompa.info/cronica/sobrevivir-la-paz-o-vivir-la-muerte/ 
[23]  El video original fue de 32 minutos y así como se divulgó por redes sociales y plataformas, rápidamente desapareció. Actualmente se encuentra solamente en fragmentos de menos de 5 minutos. Ver video en RT: https://www.youtube.com/watch?v=EeCs8cGtNUs
[24]  Durante 2020 se conoció una publicación histórica realizada por Iván Márquez que recoge la historia y el presente de las FARC-EP y las luchas por la emancipación de los pueblos llamada “Segunda Marquetalia” que se puede descargar para su lectura libre aquí: http://farc-ep.net/?p=1410
[25]  Descargar informe Radiografía de la Desigualdad:  https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/radiografia_de_la_desigualdad.pdf
[26]  Oxfam Internacional fue fundada en 1995 por un grupo de organizaciones no gubernamentales y tiene presencia en distintos países. Su nombre proviene del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre.
[27]  Organización Internacional del Trabajo.
[28]  Leer comunicado completo: https://acolfutpro.org/posicion-de-los-futbolistas-profesionales-de-colombia-ante-la-situacion-del-pais/
[29]  Ver nota sobre el ataque a Colombia Informa: https://www.colombiainforma.info/editorial-cuando-se-ataca-a-la-prensa-se-ataca-a-la-verdad/
[30]  La denuncia completa se puede leer aquí: http://luisalfonsomenas.blogspot.com/2021/05/violencia-contra-la-prensa_14.htmlPara mayores referencias sobre la situación de la libertad de expresión en Colombia, se puede visitar el sitio oficial de la Fundación para la Libertad de Prensa: www.flip.org.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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