Chile: Tal vez, la mirada no debe ser hacia allá.

Colaboración de: Ernesto Rogelio Laureano Valle Moreno.

Si hacemos una suma sobre lo ocurrido en Nicaragua entre el 18 de abril del 2018, hasta la fecha, lo que nos queda son tres elementos claves. Primero, más de 300 personas muertas -principalmente jóvenes-. Segundo, una sociedad que ya estaba polarizada, y ahora aún más dividida y con resentimientos/odio que encontraron un momento idóneo para aflorarse e intensificarse. Tercero, una impunidad institucionalizada ante los evidentes crímenes de lesa humanidad ya documentados por diferentes organizaciones de reconocimiento internacional.

Con estos elementos de base, vale la pena dirigir la vista hacia un ejercicio futuro. La necesaria construcción de un relato de verdad nacional. Uno donde la justicia, el deber moral de saber y transmitir lo ocurrido y sus procesos será una tarea monumental, pero urgente. En ese sentido, la historia contemporánea, sobre todo la latinoamericana, nos permite explorar ejemplos similares en otros países.

Cuando hablamos sobre políticas de memoria y post-dictadura, solemos de forma muy rápida indicar el dedo hacia los países del cono sur. En gran medida, referencias de buena gestión de estas iniciativas. Ahí existen o han existido comisiones de la verdad ampliamente validadas, informes rigurosísimos sobre los procesos de tortura (Nunca más, por ejemplo), desaparición forzosa, ejecuciones, incluso juicios. Sus museos y lugares de memoria causan asombro y esperanza ante la materialización de proyectos así. Ante la pregunta ¿es esta la mejor referencia? Mi respuesta es sí y no. En este artículo, expondré por qué la dualidad de mi réplica, basándose en el caso puntual de Chile.

Soy culturólogo. Me especialicé en procesos de memoria, cultura y ciudadanía. Estudié en el ahora extinto programa del clausurado Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA), bajo supervisión de profesores y profesoras argentinas, mexicanos, bolivianos, nicaragüenses y salvadoreñas.

A finales del 2018, se me presentó la oportunidad de ir a Chile y la aproveché. Pretendí darle vida a los conocimientos que solo había conseguido a través de películas, fotografías, audios o literatura. Así pues visité el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. El Cementerio Central de Santiago y su monumento a los desaparecidos. Las cruces de los desaparecidos del patio 29. El Palacio de la Moneda y Morande 80. Londres 38 (ex-40), una casa de tortura que fue expropiada al partido socialista con el golpe de estado y luego recuperada por grupos y personas que luchan por la preservación de la memoria histórica.

Algunos puntos históricos de Chile

Conviene repasar brevemente la historia del país austral: en 1970, la Unidad Popular, conformada por partidos socialistas, comunistas, radicales, socialdemócratas entre otros, resulta vencedora en las elecciones presidenciales. Pese a planes –abiertamente documentados– de la administración Nixon de EEUU para evitarlo, Allende se convirtió en el primer presidente socialista en ser electo a través de la decisión popular.

Durante tres años, se adoptaron diferentes mecanismos como la nacionalización de industrias, reforma agraria y un aumento salarial a las clases trabajadoras. Estas medidas no fueron del total agrado de varios sectores de la sociedad chilena, por lo que la oposición y las clases privilegiadas, encararon a este gobierno y trataron de ahogarlo financieramente. Chile comienza a segregarse, a polarizarse.

La crisis económica empujó, junto al boicot/embargo Nixon-Kissinger, a un golpe de estado armado el 11 de septiembre de 1973. Las fuerzas navales, militares y policiales (aka. carabineros) participaron activamente en el labor represivo. Ese día comenzó una de las persecuciones más violentas, agresivas e inhumanas de la historia moderna. De forma muy injusta resumo: Allende en el palacio presidencial (La Moneda), llama a los obreros y trabajadores a defender sus lugares de trabajo: fábricas, universidades, etc. Él acorralado en La Moneda, es bombardeado. Allende se “suicida”.

Dictadura Militar en Chile

Entre 1973 hasta 1990, el general Augusto Pinochet gobernó Chile de forma autoritaria. Durante este período, según el Informe Rettig de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la sistemática violación de los derechos humanos alcanzó al menos a 28,259 víctimas de prisión política y tortura. Hubo ademas, 2298 ejecuciones ilegales y 1209 desapariciones forzosas.

Tras un plebiscito en 1988, el pueblo chileno le negó un mandato más a Pinochet, y la democracia vuelve al país en 1990. Sin embargo, las fuerzas castrenses -ejército y carabineros- sobrevivieron al cambio de régimen. Es decir, quienes años antes secuestraban, torturaban, mataban o desaparecían, seguían en las calles trabajando en y por la seguridad de la población. ¿Las familias de quienes murieron o fueron desaparecidos podrán tener paz bajo la constante presencia de quienes pudieron haber dañado a sus seres queridos? ¿Recuerdan aquella frase: “Un somocismo sin Somoza”? Chile fue el ejemplo de esa alternativa.

Extrapolando experiencias

La historia suena mucho más fácil y “suave” de lo que realmente pasó. Para presionar y sacar del poder a la dictadura chilena, hubo antes negociaciones entre diferentes sectores. Privilegios, garantías, impunidad. El mismo Pinochet, murió sin haber sido castigado por el poder judicial, gracias a la enorme influencia que tuvo con sus reformas a la ley fundamental chilena. Su cargo de senador vitalicio le valió inmunidad parlamentaria y diplomática: en dos ocasiones fue desaforado.. y luego se sobreseyó a los días. Murió sin pagar condena.

Aunque se desconoce el número total de actores involucrados, se maneja que de más de 500 autoridades procesadas, solo 70 pagaban condena. La mayoría, en lugares como el Penal Punta Peuco o el Penal Cordillera  hasta su cierre en 2013, lujosas instalaciones donde los detenidos poseen sala de estar, calefacción eléctrica, adornos decorativos, sala de comedor, juegos y hasta una llave para su habitación donde tenían computadoras y celulares con acceso a internet.

Mientras nos siguen llegando imágenes muy románticas: que el estadio donde fue torturado y asesinado Victor Jara, ahora lleva su nombre. Pero para llevar a los responsables de la muerte del músico chileno más famoso, se necesitó casi 30 años de trabajo de investigación por parte de la familia Jara.

Ver: ResMastered: Massacre at the Stadium (Netflix)

En la boca, queda un mal sabor: torturadores y asesinos en suites lujosas pagadas por el Estado. Algunos incluso hasta liberados alegando “demencia senil” mientras los muertos siguen doliendo, otros tantos siguen desaparecidos.

Ante todo lo presentado, me pregunto: ¿Qué pasaría si hubiese una transición sin un ejercicio total de justicia? ¿Hacia adónde iremos a parar nosotros, si en las negociaciones y demás procesos futuros no trabajamos con la justicia transicional como un pilar?

Me parece duro, si no cruel, -yo que he estado en una posición privilegiada, en la que no he perdido a familiares, ni amigos-  imaginar una salida del poder de Ortega y que el cuerpo policial tenga amnistía. Que continúe sin ser reformado, si no, refundado. Peor aún, que algunos cuadros inferiores paguen condenas y sean enjuiciados, mientras quienes dieron órdenes estén en hoteles 5 estrellas pagados con nuestros impuestos. También me parece frívolo circunscribir la violencia solo a grupos del gobierno. Deberemos reconocer también que en los tranques se cometieron delitos, y que todo aquel que haya delinquido deberá pagar. Sin privilegios.  

Contenido recomendado:

Recientemente el videoblog nicaragüense en el exilio, Hora Cero lanzó una serie especial sobre justicia transicional dedicada a la reflexión sobre la crisis que se vive en Nicaragua. Este contenido no debe pasar desapercibido, pues como ya hemos visto, “ni perdón ni olvido” es mucho más que un lema bonito que gritar o poner en Facebook. Es un lucha verdadera por reclamar la justicia, reconociendo que no todos son culpables, pero que quienes sí han cometido actos contra las dignidades y derechos inalienables de las personas deben de pagar y enfrentar el peso de la ley sin privilegios que otros no tuvieron.