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Escrito por

Fátima Villalta (Matagalpa, 1994) Directora de Hora Cero. Ganadora del premio para la publicación de obras literarias del Centro Nicaragüense de Escritores (CNE) en el año 2011. Estudiante de la maestria en ciencias sociales de la Universidad de Guadalajara.

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Centroamérica: entre el despojo y la violencia 

Fátima Villalta

4 Ago 2021 

El fin de los conflictos armados en Centroamérica creó las condiciones para nuevos acuerdos políticos, por desgracia, estos acuerdos no significaron mejoras materiales ni democratización, como afirman algunos al referirse a la apertura económica y los intentos por fortalecer la institucionalidad. En medio de esta situación de urgencia, el Programas de Estabilización Económica (PEE) y el Programa de Ajuste Estructural (PAE) fueron propuestos como única solución a la crisis desde finales de la década de los ochenta con la asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). A grandes rasgos, los ejes comunes de estas medidas fueron: reducción del déficit fiscal a través del aumento de los impuestos, apertura y desregulación del mercado financiero y productivo, el control de los salarios, la privatización de empresas y servicios, el fin de los subsidios y la reducción de la participación del Estado en la economía. 

Todas estas transformaciones son un buen ejemplo de lo que se conoce como neoliberalismo, aunque los nombres cambien seguimos hablando del mismo fenómeno histórico, el capitalismo, donde el neoliberalismo –nombrado por otros como capitalismo tardío– no es más que la agudización de un proceso de enriquecimiento y despojo.  Noam Chomsky [1] considera que el neoliberalismo no es compatible con la democracia, al menos no con una democracia real que genere mayor igualdad social y yo suscribo esta idea. Las últimas tres décadas nos han demostrado cómo el capital puede seguir generando riquezas en medio del caos y la violencia, siendo esta última la mejor arma para someter y controlar a quienes exigen un sistema más justo. 

Han pasado 30 años desde la implementación del modelo neoliberal en Centroamérica y en resumen, las cosas no han cambiado mucho, los ricos de siempre son igual o muchos más ricos, los salarios se vuelven cada días más precarios, las grandes empresas internacionales se apropian de nuestros territorios con muy pocas restricciones, la corrupción rampante acaba con cualquier intento de tener un poco de institucionalidad y las olas migratorias de quienes buscan llegar a Estados Unidos son la evidencia más clara de cómo Centroamérica continúa siendo una región donde muy pocos pueden vivir.

 

Trabajo y salario en crisis

La primera década del siglo XXI estuvo marcada por la agudización del neoliberalismo en la región a través de los distintos tratados de libre comercio. Centroamérica  se transformó en un paraíso para las maquilas, principalmente para las fábricas textiles que no necesitan de obreros calificados o especializados. En su mayoría se trata de mujeres pobres con bajo nivel educativo quienes engrosan las filas de trabajadores de estas fábricas que exportan principalmente a los Estados Unidos. La mayoría de estas empresas son de capital extranjero, gozan de grandes incentivos fiscales y las denuncias por sobre explotación laboral son ampliamente conocidas. Según un trabajo realizado por el Equipo de Investigaciones Laborales [2] el 84% de la población que trabaja en las maquilas no está sindicalizada y no accede a contratos colectivos que podrían significar mayores beneficios que los salarios mínimos pactados por las empresas en distintos acuerdos. 

El salario de Nicaragua es el más bajo de la región en este rubro, siendo apenas de 189 dólares, un ingreso muy por debajo de lo que se necesita para cubrir la canasta básica en el país y salir de la línea de pobreza. Todos los salarios de las maquilas en la región están debajo de esta línea. 

Antes de la crisis social y política de 2018, Nicaragua presentaba las mejores cifras con respecto al crecimiento macroeconómico, pero debemos comprender que no siempre estos desempeños se traducen en mejoras reales para la población. El gobierno de Ortega en alianza con la burguesía pactó un modelo de “diálogo y consenso” que congeló los salarios y le dio al país un clima de “estabilidad” gracias a la mano dura que cooptó  y persiguió las organizaciones sindicales críticas que no se alineaban a los designios del partido [3]. En Nicaragua fue en aumento la pobreza rural y por consiguiente la vulnerabilidad alimentaria. 

Las economías locales fueron desmanteladas para dar paso a grandes transnacionales con acceso irrestricto a los recursos naturales. Una de las cláusulas más alarmantes del tratado de libre comercio, es que los Estados pueden ser procesados judicialmente si obstaculizan las inversiones o futuras ganancias, es decir, si intervienen en favor de sus ciudadanos a través de decisiones gubernamentales o políticas públicas, esta fue la situación que vivió El Salvador en 2009 cuando la minera Pacific Rim demandó al Estado por incumplimiento de contrato y pedía una suma de 315 millones de dólares. De haberse concretado la explotación minera la empresa obtendría el 98% de las ganancias y dejaría un 2% para el Estado salvadoreño.

En el nuevo laboratorio neoliberal la democracia sale sobrando

Para Beatriz Stolowich [4] la democracia real se refiere a la “relación social y política que permite a los miembros de una sociedad acceder a los bienes materiales y culturales por ellos generados” es decir, la igualdad económica es también una condición necesaria para la democracia y el pleno ejercicio de las libertades individuales. ¿Podemos hablar de democracia en países como Guatemala donde los indígenas representan el 44% de la población y ocupan menos del 10% de los espacios en el congreso?  Tampoco podemos hablar de igualdad en países como El Salvador u Honduras que poseen las tasas de homicidios más altas de América Latina y el mundo. En el caso de Nicaragua, que enfrenta la peor crisis de derechos humanos de su historia reciente, la democracia se convirtió en un sueño mientras Daniel Ortega persigue y encarcela  a quienes se oponen a sus intenciones de perpetuarse en el poder.  

En cada país las élites  económicas han tomado grandes cuotas de poder para impedir la materialización de las demandas de los sectores populares. El caso más dramático fue el de Honduras, cuando el 28 de julio del año 2009 un grupo de militares perpetró un golpe de Estado contra el presidente Juan Manuel Zelaya, obligándolo a huir del país. 

Las principales críticas sobre el proyecto de Zelaya fueron el temor a una posible reforma a la constitución para habilitar la reelección y su acercamiento con regímenes autoritarios como Cuba o Venezuela, irónicamente, en todo este tiempo el presidente ilegítimo Juan Orlando Hernández reformó la constitución para reelegirse, concentra todos los poderes, ha militarizado Honduras, le entregó el país a los proyectos neoliberales y de privatización y desde hace años importantes fuentes lo señalan como uno de las principales cabecillas del narcotráfico en este país, recordemos que su hermano “Tony” Hernández fue sentenciado a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York bajo el cargo de tráfico de drogas.

Los asesinatos de activistas y periodistas han ido en aumento, el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres es un ejemplo de ello. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) entre el 2014 y el 2016 se registraron las muertes de 25 periodistas. 

La inestabilidad política nunca ha sido un inconveniente para los grandes empresarios, al contrario, este terrible panorama de indefensión significó para Honduras convertirse en el nuevo conejillo de indias de quienes no creen en nada más que en los designios del libre mercado y su sabia mano invisible. De ahí nace el polémico proyecto de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES) también conocido como “ciudades modelo”. Esta iniciativa, impulsada por el economista y empresario Paul Romer pretende replicar el modelo de Hong-Kong en Honduras, la idea es crear zonas “autónomas” donde los inversionistas estarán a cargo de la política fiscal, de la seguridad y la resolución de conflictos, es decir, estarán al margen de la ley del país y la aplicación de justicia será hecha por cortes extranjeras. Honduras se acerca a ser la versión moderna de un enclave y el nuevo laboratorio neoliberal en un territorio que expulsa a sus ciudadanos. 

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele y su intento por hacer del Bitcoin una moneda nacional es otro ejemplo de cómo el neoliberalismo en su carrera por alcanzar los sueños del libre mercado, le importa muy poco el Estado de derecho, la institucionalidad o el bienestar de las mayorías. El anuncio de esta controvertida medida fue hecho por el presidente en una convención de entusiastas de las criptomonedas en Miami, los salvadoreños se enteraron de la noticia cuando la decisión ya estaba tomada. Fueron sus asesores norteamericanos como Jack Mallers, quienes le ayudaron a redactar una ambigua ley de apenas dos páginas que deja más dudas que certezas. Bukele no necesita pedir permiso cuando él y su partido controlan buena parte de los poderes del Estado después que el 1ro de mayo de este año muchos magistrados fueron removidos de la Asamblea Legislativa. Ningún economista experto ha mostrado su entusiasmo con un proyecto lleno de irregularidades; si este experimento financiero no funciona no serán los grandes capitalistas quienes sufran las consecuencias de su fracaso, sino las personas de uno de los países más pobres y violentos de América Latina. 

 
 
 
 
 
 
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Extractivismo y desarrollo  

Los sueños del desarrollo han demostrado serias limitaciones y la crisis ambiental es el problema más evidente. Mientras occidente apenas se entera de las consecuencias de sus ideas de progreso, desde la periferia llevamos décadas viviendo los estragos de ser territorios objetos del extractivismo y la explotación. 

El despojo sistemático fue descrito por Marx y Rosa Luxemburgo bajo su idea de “acumulación originaria” que fue la forma en que describieron los inicios del capitalismo desde la dominación colonial y la privatización de lo que alguna vez ni siquiera fue considerado como una mercancía, pero para David Harvey [5] el proceso de acumulación sigue vigente, lo vivimos en nuestros países y no ha dejado de actuar desde las lógicas coloniales donde la violencia y el mito del progreso siguen siendo las armas más poderosas para llevar a cabo el proyecto de desposesión. 

El modelo depredador y rapaz del capitalismo se hace presente a través de las políticas neoliberales y de apertura económica que obligan  a pequeños países como los centroamericanos, a entregar sus bienes para ser “competitivos” en el mercado global. Quienes se oponen al supuesto desarrollo son víctimas de la violencia bajo la cual debe imponerse el progreso, basta ver el caso de los cientos de campesinos que han sido criminalizados por estar en contra de la concesión para la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, un megaproyecto acordado entre el gobierno de Daniel Ortega  y una corporación china. La mega obra fue una concesión de 100 años que desplazaría a miles de campesinos y contaminaría la principal fuente de agua dulce del país. 

Según el Boletín Cuatrimestral del Observatorio de las Democracias [6] las industrias extractivas tienen los ojos puestos en Centroamérica no solo por su gran cantidad de riquezas minerales y forestales, sino por la complicidad de sus gobiernos para participar en el despojo provocado por las grandes transnacionales. En porcentajes territoriales: “Guatemala tiene concesionado para la minería un 28% de su territorio, Honduras el 31%, El Salvador el 5.55%, Nicaragua el 17%, Costa Rica el 20% y Panamá el 44%. En total, se estima que el 14% de la región se encuentra en manos de la minería”. No nos olvidemos que la minería necesita de grandes cantidades de agua para operar, por ejemplo, la mina Marlin de Guatemala utiliza 250 000 litros de agua por hora. 

La depredación de los bosques para el monocultivo y la ganadería es otra de las cruzadas depredadoras que deben enfrentar las comunidades campesinas e indígenas. En Costa Rica, del año 2000 al 2015 se perdieron unas 5 568 hectáreas de bosque debido al cultivo de piña, una fruta de la que este país es uno de los principales productores y exportadores a nivel global [7]. Este monocultivo ha generado importantes impactos ambientales, principalmente debido a la contaminación de los mantos acuíferos que ha afectado la salud de las personas. Para Honduras, el monocultivo de la palma africana desplazó a las cooperativas de campesinos y puso al país en serios aprietos desde el año 2010 que fue cuando comenzó a importar casi la mitad de sus granos básicos.

Huir de la violencia y el abandono 

Centroamérica encabeza los titulares de los medios internacionales debido a la crisis de los niños migrantes no acompañados, un fenómeno que en años recientes se ha agudizado. Más allá de las alarmantes cifras es importante poner en evidencia la abrumadora cantidad de niños y jóvenes que emprenden un largo trayecto fuera de sus países. Algunos investigadores como el caso de Amárela Varela [8]  incluso utilizan la palabra “juvenicidio” para describir este fenómeno migratorio donde son los cuerpos jóvenes las principales víctimas de un sistema que los obliga a huir de sus países. La violencia, la imposibilidad de encontrar un trabajo digno, la dificultad para acceder al sistema educativo, todas estas situaciones hablan de cómo la política en Centroamérica se ha ejercicio desde la exclusión y la marginación, incluso desde la expulsión de masas de jóvenes reemplazables o que funcionan como excedentes y que son más útiles para el país como migrantes, aunque muchos mueran en el camino. 

Hasta la fecha se estima que uno de cada cinco salvadoreños y uno de cada quince guatemaltecos y hondureños reside en Estados Unidos. Se calcula que el 85% de los menores no acompañados que llegaron a este país en el 2014 tienen familiares que residen ahí, principalmente de forma indocumentada [9]. Mientras miles intentan escapar de la precarización y la violencia, la militarización y el reforzamiento de los cuerpos policiales ha sido la respuesta de los gobiernos de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Por ejemplo, el 01 de junio de 2021 el presidente Nayib Bukele prometió redoblar las cifras de los efectivos del ejército como una medida para acabar con las pandillas. Estas medidas no son nada diferente a las políticas de Mano Dura y Super Mano Dura implementadas por los presidentes Francisco Flores y Antonio Saca, que terminaron siendo un rotundo fracaso porque agudizaron la violencia y el autoritarismo en el país. 

Nuestra región sigue respondiendo ante la pobreza con balas y son los jóvenes las principales víctimas de un sistema que no pretende mejorar la vida de las mayorías sino todo lo contrario, sigue asegurando a toda costa los intereses de una pequeña élite de políticos y empresarios para los que el Estado es nada más un verdugo que somete a quienes intentan revelarse. Los sectores populares siguen sin ser escuchados, más bien, son perseguidos y criminalizados por Estados  que han hecho de la exclusión y la marginación su forma de gobierno. La ansiada democracia no llegó y no llegará mientras sea el capital quien tome las decisiones en Centroamérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencias

[1] Noam, Chomsky. (2010) Democracia y desarrollo: Enemigos y esperanzas. En Esperanzas y realidades. (pp. 98-132) Tendencias Editoriales. 

[2] Equipo de Investigaciones Laborales (2018) Salarios de Maquila en Centro América 2018 e Iniciativas internacionales por un Salario Digno. 

[3] Guillén, M. & Stronzake, J. (2017) Neoliberalismo y neodesarrollismo en Centroamérica: ¿proyectos diferentes?. Disponible en: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.561/pm.561.pdf

[4] Beatriz Stolowich. (2012). Gobernabilidad y democracia: los usos conservadores de la política. En A contracorriente de la hegemonía conservadora. (pp. 59-88)

[5] David Harvey (2004) El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión, en Socialist Register, Clacso, Buenos Aires, pp. 99-124.

[6] Boletín Cuatrimestral del Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica (2016) La democracia entre despojos y resistencias: el extractivismo minero en Centroamérica.  https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/927 

[7] Rodríguez, T, & Prunier, D. (2020). Extractivismo agrícola, frontera y fuerza de trabajo migrante: La expansión del monocultivo de piña en Costa Rica. Frontera norte, 32, e1983.https://doi.org/10.33679/rfn.v1i1.1983

[8] Varela, A. (2015). “Buscando una vida vivible”: la migración forzada de niños de Centroamérica como práctica de fuga de la “muerte en vida”. El Cotidiano, (194),19-29. Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32542592003

[9] Lorenzen, M; Frausto, O. & Orozco, J. (2018) Neoliberalismo, violencia y migración de Centroamérica a Estados Unidos: el caso de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados vistos desde el enfoque de las migraciones mixtas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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