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Jimmy J. Gómez Rivera. Antropólogo Social. Tanto en su dimensión profesional, académica y como activista social, ha estado vinculado con la investigación social y participativa, acompañando en Centroamérica distintos procesos sociales sobre sobre defensa territorial, gestión de bienes comunes, asociatividad, soberanía alimentaria, gobernabilidad intercultural y fortalecimiento de movimientos sociales. Actualmente es miembro de la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua (AMS)

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Autonomía, defensa territorial y resistencia indígena

Jimmy J. Gómez Rivera

15 Jul 2021 

Los movimientos sociales en América Latina resisten contra la violencia de Estado que se desarrolla en complicidad con las empresas transnacionales y la imposición de proyectos extractivistas, que buscan despojar a la población de sus bienes comunes, destruir la ecología y romper las  estructuras sociales que le dan sentido de identidad y cohesión a la región.  Esta lucha está protagonizada por comunidades campesinas, pueblos originarios y activistas ecologistas. 

A partir de estos  movimientos se impulsa “…la reconfiguración de la gestión social de diversos espacios geográficos, la concreción de gobiernos autónomos con capacidad de decisión sobre esos espacios que actualmente están siendo asediados por diversos proyectos extractivos, motivados por la lógica de acumulación incesante” (Castro 2021, pág. 12). En Latinoamérica podemos  observar que estas experiencias son concretas, están situadas y ancladas en el territorio y en los tejidos sociales que la componen, pero que también responden a procesos internacionales. 

De hecho, responden a un fenómeno geopolítico, sobre el cual, Machado Aráoz, establece que “ funciona como mecanismo estructural de reproducción geográfica de la dependencia. Eso significa que la diferencia entre economías primario-exportadoras y economías industriales no es ‘temporal’, de etapas o fases de ‘maduración’, sino que es geográfica, posicional” (2021, pág. 82). Este modelo extractivista es potenciado por los procesos neoliberales que se concretaron en diversos acuerdos de libre comercio con las potencias capitalistas (Estados Unidos, Europa, China, Rusia), cuyos mercados demandan recursos que implican la expropiación de los bienes comunes situados  en los territorios de los pueblos originarios y campesinos. 

En América Latina este  modelo no solo contó con la complicidad de los gobiernos conservadores, también se puso en práctica con los “gobiernos progresistas”, que asumieron la misma lógica de crecimiento, basada en el desarrollismo, con asunciones finalmente coloniales y con las dinámicas extractivistas que subordinan la vida a las necesidades del mercado. Es por ello que los movimientos en contra del extractivismo y la defensa de los territorios y los bienes comunes también se dieron en estos países.

Como explica Machado Aráoz, esta dinámica extractivista está  ligada a los mercados internacionales y el ciclo de crecimiento económico neoliberal. “Cada boom de commodities ha significado a su vez, una metamorfosis de ampliación, profundización e intensificación del patrón de dominación oligárquica al interior de nuestras sociedades; ha ido acompañado de nuevas fronteras de despojo, expansión de producciones monoculturales, concentración de la propiedad, la renta y el poder; agravamiento de las condiciones estructurales de expulsión de poblaciones y súper-explotación de sus energías corporales (capacidad de trabajo)” (Machado Aráoz, 2021, pág. 93). Ante esta dinámica es que se levantan los movimientos.

Bolivia resiste a la minería

Bolivia ha sido un país con movimientos sociales de mucha capacidad, enfrentados a distintos  proyectos extractivos,  en defensa de los bienes comunes, por ejemplo “La Guerra del Agua”, que sucedió en Cochabamba, en el año 2000,  para defender el derecho al agua frente al avance neoliberal a nivel coyuntural. Más tarde en 2017 el gobierno boliviano decretó el fin de la ley que concebía carácter de intangibilidad al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), para la construcción de una  carretera que enlace  a los departamentos de Cochabamba y Beni. Este proyecto fue rechazado  con una multitudinaria marcha que atravesó todo el país y  sufrió varias formas de represión.

Este movimiento estaba conformado desde los propios territorios por las comunidades afectadas, articuladas con los colectivos ecologistas, feministas y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), esta última, fue parte de la construcción y promoción del Estado plurinacional, a través del “Pacto de Unidad” con el MAS. La respuesta oficial además de represiva criminalizó  y estigmatizó  al movimiento como agente del imperialismo, con el fin de suprimirlo. (Machado Aráoz, 2021, pág. 77). Estos movimientos pusieron sus  esperanzas en el cambio profundo de Bolivia como país, como Estado Plurinacional, donde el poder comunitario iba a ser central, fuera del estadocentrismo del viejo país, que iba ponerle freno a un modelo colonial de explotación: el desarrollismo expresado en el extractivismo, que depreda la vida.

Con el golpe de Estado de Jeanine Añez, de mano de los sectores racistas y de ultraderecha, apoyados por los militares, en medio de la crisis electoral, este proceso extractivista continuó de manera agresiva. En medio de la pandemia, frente a un escenario de “despolitización y polarización en el que la sociedad civil se ha quedado sin capacidad de respuesta, esto no puede ser explicado si no se consideran los 14 años del Movimiento Al Socialismo. Estamos siendo testigos del banquete que solo pudo ser porque había una mesa bien servida”(Salazar Lohman, 2021, pág. 147). Y en esa oposición al modelo depredador de la vida, que es el extractivismo, se encuentra una de las claves. 

Igual que los movimientos feministas latinoamericanos, colocan en el centro el cuido y el sostenimiento de la vida, por tanto, de una economía para la vida, que cuide los bienes comunes, que no son una cuestión abstracta, sino que se concretan  en todos los medios de vida, que garantizan la existencia y la reproducción de estos territorios. Asimismo, estos movimientos enarbolan como parte de su argumentario, no solo los derechos territoriales y de pueblos indígenas, sino los derechos de la naturaleza, yendo más allá de la lógica occidental y del capitalismo.

Honduras en defensa del territorio 

En este mismo sentido, encontramos al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), creado en 1993, en Esperanza, Intibucá. Integrado por maestros, campesinos y  activistas que hacen trabajos culturales;  trabajos comunitarios, de recuperación de la memoria.  Buscaban ser una alternativa organizativa que diera respuesta a la realidad del pueblo lenca (Korol, 2018). Llegaron a ser de los principales protagonistas -junto a la Organización Fraternal Negra Hondureña  (ONAFREH)- de los movimientos en Honduras por la defensa del territorio y los bienes comunes, así como el  Frente Nacional de Resistencia Popular al Golpe de Estado (FNRP) y otros movimientos ligados al proyecto de refundación de Honduras.

Como parte del territorio, su estrategia fue de acción directa, desde formas tradicionales de movilización con importantes debates político-pedagógicos y una enorme iniciativa en el plano de las articulaciones internacionales de los movimientos sociales. (Korol, 2018). También  actuaron  frente a las necesidades prácticas cotidianas, como las necesidades estratégicas, que permitieron un fuerte enraizamiento en el tejido social comunitario. El COPINH emprendió una batalla frontal para defender los territorios lenca del proyecto Agua Zarca[1], aprobado bajo una ley dictada en el marco del golpe de Estado de la  dictadura cívico-militar el 24 agosto del 2009, para afectar al territorio lenca con la construcción de 17 represas. Todo bajo la administración del gran capital hondureño que forma Desarrollos Energéticos S.A (DESA) y con participación de empresas transnacionales como Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG (Alemania) y Sinohydro Corporation Limited (Sinohydro) (China). Con financiación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Financiera Comercial Hondureña SA (FICOHSA), la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y Finnfund (Finlandia).

COPINH realizó una serie de acciones para mostrar su oposición a este proyecto, desde movilizaciones, talleres,  quejas legales en instancias internacionales y nacionales, actos culturales, cortes de caminos que mantuvieron casi por un año. La respuesta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) -como la del Estado- fue de estigmatización y represión. La utilización de sicarios fue parte de los mecanismos represivos para asesinar a distintos miembros del COPINH, incluyendo a Berta Cáceres, el caso más conocido (GAIPE, 2017). El alto grado de represión no truncó  los esfuerzos de movilización del COPINH. Basado en su fuerte arraigo comunitario y el respaldo nacional e internacional, pudo sortear esto. Asimismo, al conocer  la importancia de la memoria histórica, obtuvieron la fuerza para continuar hasta que lograron parar el proyecto. Sin embargo, en el tema de justicia, aún siguen los autores intelectuales del crimen de Berta, sin ser juzgados.

Igual que los otros movimientos en contra del extractivismo, las demandas situadas y concretas en los territorios estaban cargadas de posicionamientos que conectaban estas demandas con asuntos estructurales. COPINH, igual que los otros, con su propuesta refundacional de Honduras, coincide con  las propuestas plurinacionales en Bolivia, desde el discurso y la práctica, plantean una radicalización de la democracia, hacia un modelo que implica  el derecho a decidir sobre sus vidas, sin mediaciones y subordinación al Estado, ni a los partidos, ni a las patronales.  Con  una perspectiva también presente en los movimientos feministas, que es la descolonización/despatriacarcalización de la vida, la ecología, el reencuentro con sus saberes y su cosmovisión.

 
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Autonomía territorial en México

De igual manera se asume el planteamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional  sobre la importancia de la construcción de autonomía. Y es que, en México, los movimientos en defensa de la tierra y los bienes comunes tienen una larga tradición. Desde la década de los 90, con la implementación de los tratados de libre comercio y la supresión del artículo 27 se facitiló el despojo de los territorios  por parte del Estado-Nación, para acomodarlos  finalmente a los intereses de la élite mexicana y las empresas transnacionales. De esta manera se intentó garantizar el control sobre los bienes comunes, para la implementación de megaproyectos extractivistas. Lo que generó una respuesta desde los pueblos originarios, principalmente en  Chiapas, con el levantamiento zapatista.

Desde entonces se sucedieron varias luchas de distintos movimientos contra el extractivismo, que recibieron una respuesta represiva de parte del Estado Federal, como de los demás estados mexicanos. El 2 de julio de 2018, es electo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien posiciona una retórica supuestamente  favorable a las demandas del movimiento antiextractivista. Su triunfo reflejaba las aspiraciones de cambio ante un descarnado proyecto neoliberal, la violencia política, la narco-política y los feminicidios.

En la práctica, relanza con tenacidad el modelo extractivista, con una fuerte cartera de megaproyectos regionales, tales como: el Tren Maya, el Corredor Multimodal Interoceánico, la Refinería de Dos Bocas, la continuidad del Proyecto Integral Morelos y la relocalización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Felipe Ángeles” en Santa Lucía, después de haber cancelado su ubicación anterior en Texcoco ( Navarro Trujillo & Linsalata, 2021, pág. 177).

Siguiendo la línea de otros “gobiernos progresistas” como Ecuador o Bolivia, del crecimiento con emancipación, que introduce algunas medidas benefactoras  y compensatorias , pero que finalmente, aunque con distinto nombre, son en realidad una expresión de la economía verde, diseñada  por las grandes transnacionales y el gran capital  para darle un “rostro humano al extractivismo” y  reducir la resistencia al control del territorio y de los bienes comunes, garantizando también estabilidad social a los inversionistas.

Desde la Selva Lacandona el EZLN denuncia y cuestiona este lanzamiento del modelo extractivista y advierte que esta es la continuación del modelo neoliberal y colonial (SupGaleano, 2018), no una ruptura.  Frente al Tren Maya, interpela a López Obrador: “Eso es lo que está haciendo ese señor. A nosotros no le creemos. Solo porque la Madre Tierra no habla, si no se lo dijera ‘¡chinga a tu madre!’, porque la tierra no habla. Si fuera no, ‘vete a la chingada’. ¡Muera el mal gobierno!”. (CCRI-CG EZLN, 2019)

El EZLN y las comunidades afectadas por el Tren maya denunciaron  en el 2020 las falsas consultas y la militarización del megaproyecto, con el intento de contratación de servicios de “inteligencia estratégica” y protocolos de seguridad pública. En otros territorios de la ruta del Tren Maya, como Yucatán, se conforma la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal (Radio Zapatista, 2020), para desarrollar acciones participativas en los territorios y seguir construyendo desde la práctica de la autonomía y la autogestión. Como observamos, en todos los movimientos por los bienes comunes, es central el anclaje en el territorio y en el tejido social comunitario, como su autonomía y autogobierno.

Extractivismo en el sur

En Colombia, el movimiento anti extractivo y por los bienes comunes se ha mantenido activo, con las mismas posturas de los otros pares en la región. Su situación, a pesar de los tratados de paz, no ha mejorado, siguen enfrentándose a la violencia paramilitar y del Estado, muchas veces para defender su territorio o recuperarlo, porque muchas de las comunidades fueron desarraigadas por la guerra, lo que fue muchas veces promovido por las élites colombianas y las empresas transnacionales para apropiarse de los territorios. Con las protestas del 2021 el Estado colombiano ha vuelto a mostrar  su rostro represivo, que lleva años ejerciendo en el interior del país, en esas regiones afectadas por el extractivismo.

En Argentina, los proyectos de monocultivo y extractivismo, funcionan como en el resto de la región. Buena parte de la dinámica está basada en los agronegocios, destacándose desde la década de los noventa, el cultivo de soja transgénica, pero que fueron agregándose el trigo y el maíz, también transgénico (del Corro, 2020), basados en técnicas de producción agresivas con la naturaleza, donde están involucradas grandes transnacionales de los agronegocios como Mosanto, Vicentín, Cargill, COFCO. Junto a estos, se implementan proyectos petroleros, con prácticas de fracking, de la mano de Chevrón e YPF, así como proyectos mineros.

Este modelo extractivo ha expulsado de sus tierras, pueblos originarios, como de otros pueblos que han generado movilización como en la provincia argentina de Mendoza, en contra de la minería y en defensa del agua, que es bastante escasa, denunciando el uso de cianuro en esta actividad por la empresa minera canadiense Barrick Gold. A ello, se han enfrentado con cortes carretera y otras formas de protesta.

Hay que destacar de esta experiencia, los lemas que fueron determinantes, "El cianuro no resuelve el hambre", "El agua vale más que el oro" (Centenera, 2019), porque significan un discurso contrapropuesto a los del gobierno de Fernández, como de otros presidentes de la región, que ofrecen una serie de promesa basada en las necesidades de empleo de la población, para que acepten estos proyectos, poniendo como contrapuestos y como disyuntivas, estas necesidades prácticas frente a la conservación del agua, la naturaleza, al sentido de pertenencia al territorio.

En Chile, los pueblos mapuches llevan años defendiendo su territorio, tratando de recuperar lo  que les ha sido arrebatado. Y aquí vemos otra característica de los movimientos por la defensa de los bienes comunes y el territorio, su persistencia en el tiempo, inscritos en una poderosa memoria histórica, que conecta generaciones en lucha. Lo que suele pasar desapercibido, porque muchas veces no se presta la atención mediática necesaria.

Zibechi nos habla, citando a Paricán y a Pineda, del complejo sistema de organización arraigado en el tejido social de estos: La “movilización” mapuche gira en torno a la tierra, para ocuparla, resistir el desalojo y volverla a ocupar cuando sea posible y necesario. Se trata de convertir la tierra en territorio o, re-territorializarse como pueblo. Un largo proceso que comienza en el fogón (kutral) comunitario, donde las decisiones toman fuerza colectiva, y se hacen visibles en la ocupación de los fundo. El repertorio de acción pública mapuche gira en torno a la reconstitución del territorio: recuperación de fundos, ataques a camiones de las empresas forestales e incendios de plantaciones de pinos. Hacen alguna manifestación, pero en modo alguno son el eje de su accionar. (2021, pág. 253). Con esto, el pueblo mapuche, recuperó 500 mil hectáreas por acción directa desde la década de 1990.

Este modelo de organización y movilización, que Zibechi, denomina “Un viraje hacia adentro” se repite en: el zapatistas y nasa; la Minga Social y Comunitaria de El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en Colombia; el movimiento campesino de la ruta canalera, antiminero en Rancho Grande y los pueblos originarios del Caribe, en Nicaragua.

 
 
 
 

Bibliografía

Castro, D. y. (2021). América Latina en Tiempos Revueltos. Claves y luchas renovadas frente al giro conservador. Montevideo, Cochabamba y Morelos: ZUR, Excepción y Libertad bajo palabra.

Centenera, M. (23 de diciembre de 2019). Protesta masiva en los Andes argentinos contra el uso de cianuro en la minería. El País. Obtenido de https://elpais.com/sociedad/2019/12/23/actualidad/1577120663_984854.html

del Corro, P. (15 de diciembre de 2020). El extractivismo en Chubut: ¿el saqueo como modelo en Argentina? Obtenido de La Izquierda Diario: https://www.laizquierdadiario.com/El-extractivismo-en-Chubut-el-saqueo-como-modelo-en-Argentina

Machado Aráoz, H. (2021). Extractivismo y crisis civilizatoria. De los extravíos de la vieja izquierda al Postextractivismo: Independencia, Justicia, Democracia, Humusidad. En D. y. Castro, América Latina en Tiempos Revueltos (págs. 69-108). Montevideo, Cochabamba y Morelos: ZUR, Excepción y Libertad bajo palabra.

Salazar Lohman, H. (2021). La mesa está servida: vía libre al capitalismo depredador en el Estado Plurinacional de Bolivia (con o sin el MAS). En D. y. Castro, América Latina en Tiempos Revueltos (págs. 147-168). Montevideo, Cochabamba y Morelos: ZUR, Excepción y Libertad bajo palabra.

Korol, C. (2018). Las revoluciones de Berta. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: América Libre.

GAIPE. (2017). Represa de Violencia. 

Navarro Trujillo, M. L., & Linsalata, L. (2021). Más allá de la retórica anti-neoliberal: ofensiva extractivista y megaproyectos en tiempos de la Cuarta Transformación. En D. y. Castro, América Latina en Tiempos Revueltos (págs. 169-208). Montevideo, Cochabamba y Morelos: ZUR, Excepción y Libertad bajo palabra.

SupGaleano. (2018). Un continente como patio trasero, un país como cementerio, un pensamiento único como programa de gobierno, y una pequeña, muy pequeña, pequeñísima rebeldía. La Realidad: EZLN.

Radio Zapatista. (20 de Enero de 2020). Pedro Uc: defiende el territorio con la libertad de un animal salvaje. Obtenido de Radio Zapatista: https://radiozapatista.org/?p=33702#more-33702

 Zibechi, R. (2021). La acción colectiva entre el encierro y la crisis sanitaria. En D. y. Castro, América Latina en Tiempos Revueltos (págs. 245-262). Montevideo, Cochabamba y Morelos: ZUR, Excepción y Libertad bajo palabra.

Citas

[1]  https://ejatlas.org/conflict/proyecto-hidroelectrico-agua-zarca-honduras

 

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