Entre los hallazgos más graves de la investigación del GIEI se revela que el Estado hondureño tenía información previa sobre el plan para asesinar a la lideresa. Sin embargo, no se activaron las acciones pertinentes para impedir el crimen, lo que demuestra una complicidad activa. Además, el asesinato fue precedido por múltiples acciones de inteligencia ilegal, seguimiento sistemático y planificación logística.